Desahucios, un chantaje enveneado.

 En las últimas semanas, la opinión pública y los medios de comunicación se han hecho eco de la generalización de los procesos de desahucio en todo el estado. La situación, una de las primeras denuncias que planteo el movimiento ciudadano 15-M en toda España, viene "amparada" por una ley draconiana de dudosa constitucionalidad, cada vez más cuestionada por los sectores judiciales. Poco se está hablando de propuestas para dar solución a este problema por parte de los dos grandes partidos, y mucho menos se mojan con acciones concretas desde las instituciones que gobiernan, ya sean municipios, gobiernos autónomos o centrales para detener esta vergüenza. Mucha gente pone en el punto de mira al sector bancario y, razonadamente, la actuación de muchas entidades es realmente indignante. Hay que actuar rápida y contundentemente en esta situación. Plantear soluciones que permitan a las familias no ver pisoteados sus derechos es fundamental porque además este status quo también está perjudicando a las entidades. Estas últimas se obcecan en hacer valer el peso de la "justicia", y sin embargo la consecuencia para ellos son enormes gastos legales, pérdida de los futuros ingresos por cuotas hipotecarias de los clientes y el engorde de una cartera de inmuebles que ni en el corto ni en el medio plazo van a poder vender y que van a perjudicar su balance. Así pues, al final la familia se queda en la calle y el banco sin dinero y con un inmueble sin valor. La solución, que no puede ser general, debe pasar por la creación de un servicio independiente de intermediación que plantee renegociaciones de las condiciones de hipoteca y aplazamientos en los pagos e incluso los intercambios de vivienda por otras de las que dispongan las entidades más asequibles, todo lo necesario para evitar que se conculque flagrantemente el artículo 47 de nuestra Constitución, aquella que habla del derecho a una vivienda digna para todos los españoles.

Encrucijada en Euskal Herria

 La reciente proposición del Lehendakari López para acercar a los presos de ETA, ha supuesto la constatación de que amplios sectores de la sociedad vasca han iniciado un proceso, esperanzador e irreversible hacia el final de la anormalidad política de Euskal Herria. De un lado, el cese unilateral de la violencia que no sólo afecta a los atentados sino también a la extorsión económica o a la persecución de cargos públicos por parte de la banda terrorista, junto con el proceso de emancimación política de la Izquierda Abertzale, demasiado tutelada por el entorno de la banda en tiempos pasados y de otro, los pequeños pero incipientes signos, fundamentalmente del PSE y PNV de iniciar una nueva época con unas nuevas relaciones. En frente, la caverna de la derecha mesetaria, la que habla de persecución contra España cuando las cortes soberanas de Cataluña prohiben la tortura y sacrificio público de animales como parte de un espectáculo. Una derecha que es incapaz de reaccionar ante esta nueva situación por que carece de elementos objetivos con los que tratar de impedir que el soberanismo vasco pueda acceder democráticamente a las instituciones en ausencia de violencia, incapaz de asumir que la propia constitución permite la vía de la integración de los territorios históricos de Euskal Herria, siempre con la base de la voluntad popular, que sigue estigmatizando al independentismo, utilizando sectariamente la ley que ya de por sí es sectaria, por medio de sus "nombrados" en los tribunales superiores de justicia. El PP, desubicado ante esta nueva situación, sabe a ciencia cierta, que tras el 20-N, la denominaza izquierda abertzale entrará en el Parlamento, sólo una maniobra obscena del PSOE apoyando al PP podría permitir su exclusión futura por medio de un cambio en la ley electoral cuando la sociedad en la calle precisamente, lo que reclama es una representatividad directa y proporcional en el congreso de los diputados y un Senado en donde exista una auténtica representatividad territorial. Meter a una parte tan importante de la ciudadanía vasca en un nuevo callejón sin salida (democrática) supondrá una enorme e histórica irresponsabilidad por la que tendrán que pagar tarde o temprano los partidos mayoritarios.

El mito del dinero de la derecha.

Durante los últimos días se oye con bastante resignación a muchos miembros de la clase trabajadora justificar su voto al P.P. en el sentido de que sólo la derecha va a poder llevar la confianza a los bancos y a movilizar recursos económicos con los que generar empleo.
El retrovisor de las últimas décadas debe de desplegarse con rigor y objetividad para poder ser capaz de comprobar las enormes diferencias que existen entre la situación de mediados de los años 90 y la actualidad.
A finales de los años 80, la entrada de España en el merdado común provocó la venta de miles de empresas a inversores extranjeros, el tejido empresarial forjado durante el franquismo, un tejido con un fortísimo sesgo político al nacer del clientismo e intervencionismo del anterior régimen, sucumbió ante las suculentas ofertas que prácticamente en todos los sectores productivos llegaban de grupos empresariales europeros, japoneses o americanos.
La crisis de principios de los 90 fue una combinación de dos factores: en primer lugar mucho de este tejido empresarial había sido desmantelado por los nuevos inversores para ser reconvertido en meras prolongaciones de sus estructuras comerciales, mientras que la clase empresarial postfranquista permanecía atrincherada a la espera de la llegada de la derecha política al poder, algo que sucede definitivamente en el 96.
Poco o nada del sistema económico fiscal sería reformado, ya se había encargado el Sr. Solbes en la última legislatura de Felipe González de introducir las reformas necesarias, incluyendo el proceso de privatizaciones que afectaron desde las telecomunicaciones hasta el sector financiero.
La llegada del Sr. Aznar supuso un pistoletazo de salida para cientos de miles de millones de pesetas que además se multiplicaron con la llegada del Euro al aflorar una enorme cantidad de dinero negro generada en las últimas décadas.
 Así pues, por un lado el estado haciendo caja con la venta de empresas públicas y por otro la clase empresarial post-franquista inyectando dinero en la economía privada producieron una auténtica hemorragia de optimismo económico al que se sumó la burbuja inmobiliaria auténtica vía de escape de este torrente monetario que nos inundaba.
Quien piense que una victoria en los próximos meses de la derecha va a producir el efecto que tuvo lugar en el año 1996 es, seguramente, un ingenuo.
A diferencia de entonces el estado ya no está en condiciones de privatizar ninguna empresa pública de entidad, aunque sí de servicios. La diferencia es enorme. Privatizando una empresa supone hacer caja, obtener líquido, privatizando un servicio no por que sale más caro, la prueba es la residencia de Segorbe que al ser privatizada nos cuesta a todos los valencianos 300.000 € más al año.
Por otro lado ¿que queda de aquella derecha postfranquista potente económicamente?, prácticamente nada. Víctimas del propio sistema al que ayudaron a crear, miles de ciudadanos pertenecientes a esta pseudoclase han perdido miles de millones de euros en los últimos años desde los fondos de inversión especulativos controlados por grupos afines al P.P. como Gescartera, Fórum Filatélico, etc..pasando por los grandes fiascos inmobiliarios que han dejado a muchos de estos individuos metidos a promotores con enormes agujeros económicos.
Así pues, ¿Dónde están los recursos?. Fundamentalmente en los grandes grupos económicos del país, en un proceso de polarización que ha arrasado el capitalismo popular, algo que algunos ya vaticinábamos hace unos años. Estos grupos moveran o no el dinero fundamentalmente en función de los mercados exteriores y eso no garantiza que el dinero lo muevan en nuestro país por que de hecho muchos de ellos ya lo están haciendo pero fuera de España en forma de inversiones y compra de empresas, produciendo paradójicamente la salida de líquidez de nuestro país.
También hay que decir que estos grupos no poseen un sesgo sociológico tan marcadamente postfranquista, pero evidentemente, su dimensión es capaz de influir en decisiones de gobierno tanto de PSOE como de PP.
La cuestión es ¿Existe en estos momentos una clase media capaz de capitalizar un proceso de cambio social y de dinamizar la economía?.
A día de hoy, esta clase media está prácticamente finiquitada, especialmente en territorios como el País Valenciano. Miles de pequeñas empresas y autónomos están desapareciendo al no contar con una administración que haya puesto en marcha un modelo productivo dinámico y diversificado. El intervencionismo permanente de la administración autonómica en aras al control del tejido empresarial ha favorecido a unas empresas frente a otras y no precisamente por ser las más eficientes, con lo que el sistema económico ha perdido productividad. Además las que han crecido aupadas por la administración del P.P. barriendo a sus competidoras, ahora mismo están echando el cierre por los impagos de la propia administración que las favorecieron, no hace falta ir muy lejos en nuestra comarca hay docenas de ejemplos.
Existe un problema añadido, que es la excesiva deuda privada familiar deribada sencillamente del sobrendeudamiento en el que muchas familias incurrieron para poder acceder a la vivienda, sobrendeudamiento que no se debía de haber consentido nunca desde el sector bancario.
La solución a este problema pasa por cambiar la ley Hipotecaria, pero también por crear mecanismos desde la administración que permitan reducir la presión de la deuda, lo fundamental es reconocer el valor real del inmueble de manera que la familia no pague de más por el mismo y lo que pague lo haga de manera más justa. Reduciendo esta deuda se podría generar de manera automática mayor ahorro y consumo en un segundo paso. El sector bancario tiene terror a llegar a esta situación por que implicaría automáticamente tener que reconocer un menor valor a sus activos pero la compensación que se obtendría por el aumento del ahorro y el consumo, y por lo tanto la actividad económica, compensaría el esfuerzo. Antes que destinar año a año miles de millones de euros a dotar de provisiones por insolvencias a las entidades financieras, ¿no sería más lógico negociar con los hipotecados y lograr que puedan pagar de manera razonable y en la medida de sus posibilidades la deuda?.
Así pues el único interés de la derecha sociológica en acceder al poder no es el de mover el dinero, no es el de poner en el mercado recursos económicos o financieros, sino acceder a los procesos de privatización de los servicios públicos (sanidad, educación...), procesos que no generarán dinero a la administración sino que nos costarán y nos están costando ya un dinero adicional al resto de la sociedad. También muchos de estos grupos están expectantes ante la posibilidad de recuperar todo o parte del dinero que se dejaron en los fondos especulativos, conviene recordar que el P.P. en el parlamento ya trató de impulsar compensaciones a estos inversores que en su día accedieron a estos fondos atraídos por su enorme rentabilidad, sin entrar a valorar su carácter volatil y de enorme riesgo. En este sentido, las informaciones filtradas en algunos foros los últimos meses, en los que se considera cerrado un acuerdo entre el P.P. y afectados por el caso Fórum, vienen a dar validez a estas teorías.
Hablando claro, la derecha sociológica ansía recuperar el poder no para crear riqueza sino para repartirse la que queda.

Presentación EUPV Segorbe

Presentación de la candidatura de EUPV-Segorbe.
En el local social de la formación en la Calle Colón nº 68, este viernes 29 de abril a las 20.00 hrs. Intervienen:
Jesús Monleón Peiró, coordinador comarcal.
Ignacio Blanco Giner, portavoz EUPV

ROBERTO LISART MARCO, candidato a la alcaldía de la formación.

Apoyo a las escuelas de música.

Desde su entrada en el poder en el Gobierno autónomico, el P.P. ha mostrado un especial ensayamiento con las Escuelas de Música. Salvo el empujón que en su breve periodo de conseller de Cultura y Educación dio el propio Camps y que hacía preveer a algunos ilusos que su llegada a la presidencia de la Generalitat iba a mantener con estas entidades, la realidad es que año a año, la financiación en términos reales ha ido en declive. En estos momentos de una financiación que llegó a superar el 40 %, apenas se llega al 18 o 19 %, con lo que, uno de los principales efectos de la misma: la regularización de los profesores de música, queda en suspenso al no alcanzar ni tan siquiera los costes sociales. Invertir dinero público en unas entidades privadas podría parecer una contradicción en nuestra formación pero la realidad recogida en la Ley Valenciana de la Música, un texto aprobado por la totalidad de las fuerzas políticas de las Cortes Valencianas, es que la música como elemento patrimonial y diferenciado del pueblo valenciano es un valor cultural y educativo de primer nivel en nuestra sociedad que reclama de un esfuerzo de la administración autonómica, competente en la materia educativa precisamente. Por si esto no fuera poco, baste decir que el 90 % de las escuelas están regentadas o tuteladas por Sociedades Musicales sin ánimo de lucro, que más del 95 % del profesorado está integrado por los jóvenes titulados de las propias bandas y que en la mayoría de los casos supone su primer acceso profesional.
 Así pues, de un plumazo, el P.P. asesta una cuchillada a una actividad fundamental en nuestros usos y constumbres y que permitía la salida profesional para miles de jóvenes músicos valencianos que, de otra manera, abandonan la Comunitat para recalar en territorios vecinos como Aragón, Castilla la Mancha, Baleares o Catalunya, en donde la enseñanza no reglada musical recibe hasta siete veces más recursos por alumno que en nuestra denostada tierra.
 Dificil es mantener una red de conservatorios y mucho más dificil es que estos puedan llegar a todos nuestros municipios pero crear una red de escuelas de música apoyandose en el movimiento bandístico y también en otros más minoritarios como el coral, el de música folclórica o de pulso y púa, de manera que asuman parte de la financiación, junto con los ayuntamientos y padres y con una razonable financiación autonómica, permitiría la extensión de este modelo, mucho más versátil que el de los conservatorios, a la práctica totalidad de los municipios de la Comunitat.
 No va por ahí el modelo del P.P., que prefiere mantener infumables conservatorios municipales que además compiten abiertamente con las escuelas reconocidas en los tramos elementales de la enseñanza musical, o bien soltar cientos de miles de euros en convenios especiales con determinadas sociedades musicales o no para financiar auditorios y centros de estudio y no digamos nada del aterrizaje con la bendición económica y urbanística de colegios extrangeros de élite en nuestro territorio.

 Jesús Monleón Peiró.
 Consejero Delegado CEMAP, Escuela de Música de la Mancomunidad del Alto Palancia.
 Coordinador Comarcal EUPV.

Poderes públicos, sociedad y religión.

 En los próximos días se van a celebrar en nuestros municipios actos de carácter religioso que de manera más o menos tradiconal se vienen celebrando desde hace siglos en nuestra comarca. El carácter constitucionalmente laico del Estado suele ser zarandeado en más de una ocasión ante acontecimientos de esta índole. Junto con el deseado respeto por las creencias religiosas, sean de una mayoría o de una minoría y el reconocimiento etnológico-tradicional de muchas de las expresiones públicas de las mismas, se suelen suceder situaciones poco reconocibles en una sociedad europea del siglo XXI. La reciente entrada en vigor del Reglamento de Honores Militares de 2010, junto con el reglamento de uso del Himno de España aprobado en el Parlamento del Estado en 1997 (con mayoría del PP), vinieron en gran medida a introducir cordura y mesura en la utilización de un elemento de representación oficial tan importante como es el himno del estado, así como otro reglamento lo haría de la Bandera del Estado, el escudo, etc....
 Sigue siendo costumbre en la mayoría de los pueblos la interpretación del Himno de España por parte de la Banda de Música a la salida y a la entrada de la imágen religiosa principal del templo, algo que contradice de manera expresa el reglamento de uso del Himno y que en su esencia también entra en contradicción con la propia constitución, no digamos ya el hecho de que muchas bandas todavía interpretan la versión de Bartolomé Pérez Casas, vigente durante el régimen franquista.
 El uso del Himno de España sigue siendo gratuíto en demasiadas situaciones como por ejemplo mítines políticos e incluso encuentros deportivos de competición oficial en los que no participan selecciones oficiales del estado sino clubs profesionales digamos que "a la americana". Un ejemplo bochornoso, es el que tuvieron que sufrir los seguidores del Power Electronics de Valencia cuando en el pabellón del Real Madrid dentro de los cuartos de final de la Euroliga, se reprodujo por megafonía el himno oficial del estado a modo de himno propio, recordemos que tanto un equipo como otro son españoles, no se trataba de un encuentro de selecciones oficiales y para mas I.N.R.I. el equipo del Real Madrid tiene siete extrangeros en un total de doce jugadores. Este uso populista y barriobajero del himno aparte que apropiatorio, no tiene nada de dignificante y mucho de denigrante, y en él se hallan como pez en el agua los sectores más rancios de la extrema derecha española. Por citar algunos ejemplos podemos recordar la interpretación del Himno de España en las manifestaciones anti-legalización del aborto o en las que convocan entidades como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pese a que ni en una ni en otra convocan ni suelen participar representantes de la Casa real o de la presidencia del Gobierno. En el caso de los actos religiosos, la reciente entrada en vigor del Reglamento de Honores Militares y su cumplimiento, por que para eso están las normas vigentes, para ser cumplidas, está enrabietando nuevamente a la extrema derecha más involucionista, la misma que aplaudia al golpista Franco cuando bajo palio recorría las calles de Toledo en el Corpus.
 La separación de poderes y la laicidad del Estado entraban en contradicción total y absoluta con determinados actos castrenses que aunque en los últimos años se venían realizando ya casi en su totalidad de manera voluntaria por parte de los participantes, obligaba sí o sí a las autoridades correspondientes a poner cerco por su marcado carácter anacrónico, anticonstitucional y sectario. Las fuerzas armadas son un elemento creado por el Estado, nacidos de nuestra sociedad y como tal deben de servir a la misma dentro del ordenamiento vigente. Sus cuadros de mando, simbología, tropa, etc...sólo deben respeto al pueblo a sus representantes y a los símbolos oficiales del estado, incluyendo por supuesto los propios de las comunidades autónomas y entidades locales, todo lo demás, sencillamente sobra y está fuera de lugar.
 El que quiera ver esta opinión como una persecución contra los símbolos de la patria que se tome unos días de descanso en un balneario. Seré republicano, rojo y lo que querais, pero eso no me impide defender a los símbolos del estado frente a quienes se quieran apropiar de ellos para autoproclamarse a continuación como únicos patriotas y luego lo único que hacen es perseguir a aquellos partidos o entidades que defendemos otro modelo de estado y, por lo tanto otra simbología, pero que ni nos la apropiamos ni la imponemos.

Un nuevo modelo territorial

EUPV-Alto Palancia por un nuevo modelo territorial
En los últimos años muchos son los foros de diversa orientación y procedencia, desde los que se nos insiste en la necesidad de racionalizar la administración pública. Es importante la ofensiva que, fundamentalmente desde foros de derechas, se está lanzando contra las administraciones autonómicas incluso contra el propio modelo autonómico, y que no persigue sino meter a España en un proceso de involución y centralización que volvería a alejar los servicios públicos y sus mecanismos de funcionamiento y mejora de los ciudadanos y sus territorios. Dentro de este disparate al que colaboran proyectos políticos de dudoso pelaje como el partido de Rosa Díez (ella mismo fue consejera de un gobierno autónomo durante ocho años), se ha sumado con inusitado ímpetu el PP (de hecho y en el fondo, es él el mayor responsable). El nucleo duro del PP cuyas propuestas políticas gravitan alrededor de la temible FAES, defiende un modelo de estado decimonónico propio de la restauración borbónica, con el único argumento de el abaratamiento de los servicios, algo que también habría que demostrar de manera más tangible. Dentro de este modelo, la importancia de las Diputaciones Provinciales es mayúsculo. Ninguneadas o vaciadas de contenido las Autonomías, el mantenimiento de estas instituciones permite el control político sobre los municipios, otra expresión del poder ciudadano a someter. Las Diputaciones son entidades a extinguir por que mantienen fundamentalmente el funcionamiento, estructura y espíritu del siglo XIX, de hecho es la única institución que ha sobrevivido al franquismo sin que se acometa ninguna reforma sustancial. Hoy día, como en el franquismo, sus miembros salen elegidos de un proceso indirecto, no de la voluntad de los electores sino, como mucho, de los partidos políticos, exactamente igual que en el franquismo y, lo que es más grave, en una institución supramunicipal, es inadmisible que todos los municipios a los que se adscribe no posean una representación directa en su pleno.
Junto a estos factores importantísimos en la forma y en el fondo, conviene recordar que la Diputación duplica administración y además ejerce competencias en materias como carreteras, sanidad, educación incluso, cultura etc...que pertenecen a otras administraciones, fundamentalmente autonómicas. La Diputación es además la única institución (si excluimos la Unión Europea) que no posee recursos financieros autónomos, o sea que no participa en el pastel recaudatorio, cosa que sí que hacen los Ayuntamientos, las Autonomías y el Estado, por lo tanto aquí viene otra sorpresa para muchos ciudadanos, el dinero con el que la Diputación pone en marcha sus proyectos y financia su funcionamiento proviene de otras administraciones, básicamente del Estado y del Gobierno Autónomo, esto incluye por supuesto los famosos Planes Provinciales que puntualemente vienen a inaugurar los diputados de turno sin que explique a los ciudadanos que el 100 % del dinero de los planes proviene a partes iguales del Gobierno de España y del de Valencia.
El actual presidente de la Diputación provincial de Castellón, aparte de su imputación en diferentes procesos, posee un total de 32 asesores. El coste para nuestros bolsillos de estos puestos de trabajo, totalmente innecesarios en un 90 % de los casos permitiría poner en marcha proyectos en nuestros pueblos necesarios o incluso imprescindibles, no es broma por que estamos hablando de millones de euros al año. El chiringuito político del PP garantiza el control político pero a la larga está suponiendo un problema de desarrollo que ha llevado a nuestra provincia cinco puntos por encima de paro respecto a España, algo inédito hasta hace unos años. EUPV, defiende la creación de órganos supramunicipales en donde todos los municipios posean representación directa en sus órganos de decisión, esto sólo es viable lógicamente a través de las Mancomunidades. No se trata de crear nuevos órganos, por que nosotros propugnamos la eliminación de las Diputaciones, traspasando trabajadores e instalaciones bien a las Mancomunidades bien a la administración autonómica, dependiendo de el ámbito de trabajo en el cual estemos hablando. Un siguiente paso sería tal vez la elección directa de los cargos de las Mancomunidades por parte de los ciudadanos algo a estudiar para implicar más a la sociedad en el funcionamiento de las mismas.
Hay un hecho demoledor, la Sr. Cospedal el Sr. Rajoy, todos hablan de adelgazar las administraciones autonómicas, de reducir consejeros, etc.. pero ninguno habla de las Diputaciones, por que en el fondo, saben que les son necesarias para ejercer el control político sobre los municipios dentro de su concepto anacrónico y carpetovetiano del Estado postfranquista en el que quieren convertir a España.