Movilización ciudadana contra los recortes en educación en el Alto Palancia

El pasado día 23 de febrero tuvo lugar un importante acto público por las calles de Segorbe en defensa de los servicios públicos, en especial la Educación, pero también la Sanidad o la Justicia, ante la avalancha de recortes planteados tanto desde el Estado como desde el Gobierno Autonómico.
Ante esta manifestación, en la que participaron personas de diferente orientación política, incluídos simpatizantes y afiliados del PP, algunos dirigentes y medios vinculados con este partido, que ejerce el control politico en estos momentos en la práctica totalidad de la comarca, están intentando "tapar el sol con el dedo" o, lo que es lo mismo, tratar de marear la perdiz con datos y desempolvar el tema de la construcción de centros en estos años para intentar reconducir la imparable convicción social de que los servicios públicos están en una situación de riesgo que amenaza su calidad o, incluso su prestación misma. Unos servicios que son la garantía de que todos los ciudadanos, independientemente de sus posibilidades económicas, puedan tener la oportunidad de formarse, de sanarse o de ser defendidos ante la ley en un plano de igualdad con sus semejantes.
El sistema educativo valenciano ha sido y es uno de los que acumula un mayor fracaso escolar del estado. Los estándares de calidad educativa no se miden por el número de centros, algunos por cierto, construidos con retrasos que han llevado a los niños a 7 años de barracones en el caso del centro formativo Jérica-Viver, son otros los parámetros los que fundamentan el buen funcionamiento del sistema y esos, lamentablemente, no lo han hecho.
Hablar de productividad del profesorado es lamentable porque si lo que se quiere es que los jóvenes aprueben por el artículo 33 a los profesores les cuesta 5 minutos poner un sobresaliente global y a correr. La participación de la sociedad en el sistema educativo ha sido sesgada y manipulada por determinados cargos políticos de la comarca, a la historia reciente me remito. El PSPV dejó por resolver el mapa electoral en todo el País Valenciano y el PP tuvo que resolver un problema importante. Para ello el PP se dejó llevar por parámetros dificilmente defendibles. El peso de determinados cargos públicos locales que tampoco tenían ningún interés en imponer criterios racionales ni pedagógicos, sino populistas, determinó un mapa escolar comarcal muy mejorable y cuyo mala vertebración ha pesado como una losa en toda una generación de jóvenes.
Sirva esta reflexión para, en una época de ajustes y lamentablemente de recortes, seamos capaces al menos de reconocer los errores cometidos en otras épocas y ponernos a trabajar en el blindaje y la defensa de un sistema educativo público accesible, versatil, moderno, participativo y que proporcione a nuestros jóvenes la formación necesaria para afrontar un futuro laboral con garantías en los próximos años.

El viaje a ninguna parte

El pasado domingo día 22 de enero, el presidente del patronato de la Cueva Santa y a la sazón cura párroco de Altura D. Juan Manuel Gallent, convocó a los Ayuntamientos de la comarca así como a los grupos políticos de Altura y demás vecinos y entidades de la localidad a un acto de presentación del proyecto director de mejora de la Cueva Santa y su entorno. El acto, al que no acudí, se llevó a cabo en la iglesia de Altura ante la presencia del Obispo de la diócesis. Sólo he coincidido en una ocasión con el Sr. Gallent, esta privamera con ocasión de una boda en la Cueva Santa, ocasión en la que me demostró ser una persona educada y atenta.
 En estos momentos la situación de la comarca es francamente de urgencia. Los ayuntamientos de la zona se hallan en situación de quiebra técnica con una falta total de liquidez, acentuada por los impagos de la administración autonómica, en el caso de Jérica acumulan unos impagos de 220.000 € aproximadamente. Cada día que pasa se agudiza el tema de los recortes: farmacias arruinadas, colegios sin calefacción, servicios de mamografía o sintrón suprimidos en el centro sanitario de Segorbe, cierre del vivero de El Toro, reducción en vigilantes forestales, amortización de plazas de Sargento en el parque comarcal de Bomberos, etc..., la lista es extensa y afecta directamente a todos los ciudadanos de la comarca. Esta situación ha producido un efecto rebote en instituciones como la Mancomunidad en donde los trabajadores llevan muchos meses sin cobrar en una situación límite. Mientras tanto, la Diputación nombra 30 asesores de no sé sabe que, entre ellos el alcalde de Altura con un sueldo de 33.000 € al año o el de Higueras, 44.000. Todos los días un chófer pagado con el dinero de los castellonenses recoge al Sr. Barrachina para llevarle a la Diputación, mientras la entidad reduce en un 90% su aportación a las inversiones en obras provinciales. Por si esto fuera poco la situación particular de Altura es todavía más sangrante: los trabajadores arrastran impagos, la escuela de música está en situación límite con más de 18.000 € pendientes de pago a la U.M.C.A. por parte del Ayuntamiento, un dinero que se lo ha ganado la entidad a base de realizar actos para el consistorio, no hablemos ya de los cortes en el suminstro eléctrico en instalaciones y locales de titularidad municipal, el cierre de la oficina de turismo mientras el Alcalde de va a Fitur, las obras inconclusas de Tanatorio, Centro Juvenil, etc...
  Tras este panorama, a nadie con un mínimo sentido de la realidad se le ocurre plantear un proyecto como el que nos ocupa. Sin entrar a valorar otros problemas, el horno no está para bollos, ni bollos ni margaritas ni tortas de colorao.
   El Ayuntamiento de Altura (y todos los Ayuntamientos) tiene la obligación de defender cada uno de los euros que gasta. Hasta la fecha, que se sepa, todo el dinero gastado en el proyecto ha salido de las arcas municipales, sin embargo toda la iniciativa en el diseño y el concepto del mismo ha venido del presidente del patronato. Es razonable plantear la recuperación de la Hospedería y, además muy interesante porque no existen equipamientos de estas características en la zona. Es defendible mejorar las instalaciones "religiosas", para eso está el dinero que generosamente el Estado entrega a la Iglesia (que por cierto no han sufrido recortes) y con ello estoy diciendo que si quiere mi apoyo para lograr recursos del convenio Iglesia-Estado para la Cueva Santa, que cuente conmigo, siempre que sea para obras de mejora y consolidación de lo existente. Pero lo que no es ni razonable, ni defendible es presentar un proyecto faraónico, insostenible, exclusivamente religioso y agresivo con el medio natural recabando ayuda a las instituciones públicas axfisiadas económicamente y en un contexto de recortes en los servicios públicos generalizado. ¿Se ha ofrecido a las instituciones participar en la redacción y en la gestión futura del centro?. ¿Se ha abierto a los ciudadanos un proceso consultivo que pretenda recoger sugerencias e ideas?. Dada la cuantía económica del coste de la redacción del Proyecto y que se ha pagado con dinero público, ¿se ha sometido a concurso público su adjudicación?.
 ¿Muchas preguntas?. No, las justas. Mientras tanto, estemos atentos porque esto huele o bien a una falta total de perspectiva de la situación actual por parte del rector, o la posibilidad de que alguno de los grupos integristas emergentes en la Iglesia Católica, esté parapetada detrás del pastel. Al tiempo.

La F.P. del Partido Popular

Hace un par de años, el rodillo del Partido Popular en les Corts, tiró para atrás la propuesta de EUPV de llevar ciclos formativos, la antigua Formación Profesional (F.P.) al centro de Secundaria de Jérica-Viver. Esta propuesta, nacida después de un estudio riguroso por parte de la dirección del centro, era una apuesta realista e ilusionante para enriquecer la oferta educativa del centro y dar soluciones profesionales a los jóvenes de la zona. En los últimos meses, y lo que te rondaré morena, el Partido Popular ha comenzado su reforma educativa con la implementación en toda la comarca de la nueva F.P., siglas del término FALTA DE PAGO. Ya desde hace tiempo que muchas empresas, autónomos y comercios de la zona sufren las directrices de la nueva F.P. del Partido Popular, lo que ha llevado a las más expuestas económicamente hablando al cierre de las mismas. Con la llegada del P.P. a la Mancomunidad, muchos ciudadanos de la comarca en paro a los que se les había prometido entrar a trabajar en la entidad y que, en último término, habían protagonizado los vuelcos electorales en pueblos como Castellnovo, Sot, Geldo o Chóvar, se han encontrado con el bloqueo económico originado fundamentalmente en la falta total de liquidez derivada de la F.P. popular: deuda de la Consellería de Bienestar social desde 2009 con la entidad, deuda municipal de Altura (35 % de la población total) de los últimos cuatro años, etc....
En los últimos días, la noticia de que en Segorbe las farmacias iban a cobrar a los usuarios corrió como la pólvora si bien es cierto que la Conselleria acudió con 60 de los 500 millones de euros adeudados a tapar la boca de los establecimientos unos días antes de las elecciones. Una situación muy grave porque el cierre de una farmacia, sobre todo las más pequeñas, supone la supresión de un servicio ciudadano muy necesario en nuestros pueblos más deshabitados.
La guinda de esta situación, sin duda es Altura. A día de hoy, las instalaciones municipales del polideportivo carecen de suministro eléctrico. La empresa ha decidido el corte del mismo por impago del consistorio. Un impago a añadir a la deuda con la Mancomunidad, a los retrasos a los trabajadores, a proveedores, etcétera. El PP ha obtenido una victoria electoral histórica en Altura, aunque bajando unos pequeños votos, su distancia con el siguiente partido es enorme. La capacidad de los alturanos para el sufrimiento propio parece no tener límite, tal vez la falta de confianza en otras opciones políticas ha podido decantar esta victoria, pero viendo por ejemplo, la gestión que EU y PSOE llevan en otros municipios de la zona cuesta entender este terraplén por el que parece caer desde hace años. A nadie de la comarca le gusta ver sufrir a ningún pueblo, los pequeños por su situación de debilidad, pero los grandes por su capacidad de arrastre, por los daños colaterales que pueden ocasionar al resto del tejido social de la comarca. Un ejemplo de esto último es Segorbe, su hundimiento económico no ha sido gratuíto para el resto de municipios. Los mostradores de los ayuntamientos de la comarca se han llenado en los últimos años de parados que tenían su empleo en Segorbe. Empresas de otros municipios que tenían su base de actividad en la ciudad se han hundido sin remisión, y la situación de las empresas y autónomos locales no es mucho mejor. Pese a que el Sr. Calvo vende la moto de que las obras públicas se reparten entre las empresas segorbinas, lo cierto es que gran parte del plan E, el plan Confianza, las obras del nuevo Hotel, etcétera, han caido en manos de empresas de fuera no sólo de Segorbe, sino de la comarca, con lo que el esperado efecto positivo en el empleo que se esperaba de estas inversiones, ha quedano en nada. Valga otra vez como ejemplo Altura, la mayoría de cuyas inversiones de estos planes, se han transformado en edificios sin uso, Casilla de los Camineros, Tanatorio, Centro Juvenil,...convirtiéndose en equipamientos que pese a tener un fin plenamente definido, no están en estos momentos prestando el servicio para el cual se construyeron o se equiparon. El porqué de esta situación está, como se ha dicho en la F.P. del Partido Popular, una F.P. que como un cáncer se extiende a la misma velocidad que los éxitos electorales de la formación de derechas.

Desahucios, un chantaje enveneado.

 En las últimas semanas, la opinión pública y los medios de comunicación se han hecho eco de la generalización de los procesos de desahucio en todo el estado. La situación, una de las primeras denuncias que planteo el movimiento ciudadano 15-M en toda España, viene "amparada" por una ley draconiana de dudosa constitucionalidad, cada vez más cuestionada por los sectores judiciales. Poco se está hablando de propuestas para dar solución a este problema por parte de los dos grandes partidos, y mucho menos se mojan con acciones concretas desde las instituciones que gobiernan, ya sean municipios, gobiernos autónomos o centrales para detener esta vergüenza. Mucha gente pone en el punto de mira al sector bancario y, razonadamente, la actuación de muchas entidades es realmente indignante. Hay que actuar rápida y contundentemente en esta situación. Plantear soluciones que permitan a las familias no ver pisoteados sus derechos es fundamental porque además este status quo también está perjudicando a las entidades. Estas últimas se obcecan en hacer valer el peso de la "justicia", y sin embargo la consecuencia para ellos son enormes gastos legales, pérdida de los futuros ingresos por cuotas hipotecarias de los clientes y el engorde de una cartera de inmuebles que ni en el corto ni en el medio plazo van a poder vender y que van a perjudicar su balance. Así pues, al final la familia se queda en la calle y el banco sin dinero y con un inmueble sin valor. La solución, que no puede ser general, debe pasar por la creación de un servicio independiente de intermediación que plantee renegociaciones de las condiciones de hipoteca y aplazamientos en los pagos e incluso los intercambios de vivienda por otras de las que dispongan las entidades más asequibles, todo lo necesario para evitar que se conculque flagrantemente el artículo 47 de nuestra Constitución, aquella que habla del derecho a una vivienda digna para todos los españoles.

Encrucijada en Euskal Herria

 La reciente proposición del Lehendakari López para acercar a los presos de ETA, ha supuesto la constatación de que amplios sectores de la sociedad vasca han iniciado un proceso, esperanzador e irreversible hacia el final de la anormalidad política de Euskal Herria. De un lado, el cese unilateral de la violencia que no sólo afecta a los atentados sino también a la extorsión económica o a la persecución de cargos públicos por parte de la banda terrorista, junto con el proceso de emancimación política de la Izquierda Abertzale, demasiado tutelada por el entorno de la banda en tiempos pasados y de otro, los pequeños pero incipientes signos, fundamentalmente del PSE y PNV de iniciar una nueva época con unas nuevas relaciones. En frente, la caverna de la derecha mesetaria, la que habla de persecución contra España cuando las cortes soberanas de Cataluña prohiben la tortura y sacrificio público de animales como parte de un espectáculo. Una derecha que es incapaz de reaccionar ante esta nueva situación por que carece de elementos objetivos con los que tratar de impedir que el soberanismo vasco pueda acceder democráticamente a las instituciones en ausencia de violencia, incapaz de asumir que la propia constitución permite la vía de la integración de los territorios históricos de Euskal Herria, siempre con la base de la voluntad popular, que sigue estigmatizando al independentismo, utilizando sectariamente la ley que ya de por sí es sectaria, por medio de sus "nombrados" en los tribunales superiores de justicia. El PP, desubicado ante esta nueva situación, sabe a ciencia cierta, que tras el 20-N, la denominaza izquierda abertzale entrará en el Parlamento, sólo una maniobra obscena del PSOE apoyando al PP podría permitir su exclusión futura por medio de un cambio en la ley electoral cuando la sociedad en la calle precisamente, lo que reclama es una representatividad directa y proporcional en el congreso de los diputados y un Senado en donde exista una auténtica representatividad territorial. Meter a una parte tan importante de la ciudadanía vasca en un nuevo callejón sin salida (democrática) supondrá una enorme e histórica irresponsabilidad por la que tendrán que pagar tarde o temprano los partidos mayoritarios.

El mito del dinero de la derecha.

Durante los últimos días se oye con bastante resignación a muchos miembros de la clase trabajadora justificar su voto al P.P. en el sentido de que sólo la derecha va a poder llevar la confianza a los bancos y a movilizar recursos económicos con los que generar empleo.
El retrovisor de las últimas décadas debe de desplegarse con rigor y objetividad para poder ser capaz de comprobar las enormes diferencias que existen entre la situación de mediados de los años 90 y la actualidad.
A finales de los años 80, la entrada de España en el merdado común provocó la venta de miles de empresas a inversores extranjeros, el tejido empresarial forjado durante el franquismo, un tejido con un fortísimo sesgo político al nacer del clientismo e intervencionismo del anterior régimen, sucumbió ante las suculentas ofertas que prácticamente en todos los sectores productivos llegaban de grupos empresariales europeros, japoneses o americanos.
La crisis de principios de los 90 fue una combinación de dos factores: en primer lugar mucho de este tejido empresarial había sido desmantelado por los nuevos inversores para ser reconvertido en meras prolongaciones de sus estructuras comerciales, mientras que la clase empresarial postfranquista permanecía atrincherada a la espera de la llegada de la derecha política al poder, algo que sucede definitivamente en el 96.
Poco o nada del sistema económico fiscal sería reformado, ya se había encargado el Sr. Solbes en la última legislatura de Felipe González de introducir las reformas necesarias, incluyendo el proceso de privatizaciones que afectaron desde las telecomunicaciones hasta el sector financiero.
La llegada del Sr. Aznar supuso un pistoletazo de salida para cientos de miles de millones de pesetas que además se multiplicaron con la llegada del Euro al aflorar una enorme cantidad de dinero negro generada en las últimas décadas.
 Así pues, por un lado el estado haciendo caja con la venta de empresas públicas y por otro la clase empresarial post-franquista inyectando dinero en la economía privada producieron una auténtica hemorragia de optimismo económico al que se sumó la burbuja inmobiliaria auténtica vía de escape de este torrente monetario que nos inundaba.
Quien piense que una victoria en los próximos meses de la derecha va a producir el efecto que tuvo lugar en el año 1996 es, seguramente, un ingenuo.
A diferencia de entonces el estado ya no está en condiciones de privatizar ninguna empresa pública de entidad, aunque sí de servicios. La diferencia es enorme. Privatizando una empresa supone hacer caja, obtener líquido, privatizando un servicio no por que sale más caro, la prueba es la residencia de Segorbe que al ser privatizada nos cuesta a todos los valencianos 300.000 € más al año.
Por otro lado ¿que queda de aquella derecha postfranquista potente económicamente?, prácticamente nada. Víctimas del propio sistema al que ayudaron a crear, miles de ciudadanos pertenecientes a esta pseudoclase han perdido miles de millones de euros en los últimos años desde los fondos de inversión especulativos controlados por grupos afines al P.P. como Gescartera, Fórum Filatélico, etc..pasando por los grandes fiascos inmobiliarios que han dejado a muchos de estos individuos metidos a promotores con enormes agujeros económicos.
Así pues, ¿Dónde están los recursos?. Fundamentalmente en los grandes grupos económicos del país, en un proceso de polarización que ha arrasado el capitalismo popular, algo que algunos ya vaticinábamos hace unos años. Estos grupos moveran o no el dinero fundamentalmente en función de los mercados exteriores y eso no garantiza que el dinero lo muevan en nuestro país por que de hecho muchos de ellos ya lo están haciendo pero fuera de España en forma de inversiones y compra de empresas, produciendo paradójicamente la salida de líquidez de nuestro país.
También hay que decir que estos grupos no poseen un sesgo sociológico tan marcadamente postfranquista, pero evidentemente, su dimensión es capaz de influir en decisiones de gobierno tanto de PSOE como de PP.
La cuestión es ¿Existe en estos momentos una clase media capaz de capitalizar un proceso de cambio social y de dinamizar la economía?.
A día de hoy, esta clase media está prácticamente finiquitada, especialmente en territorios como el País Valenciano. Miles de pequeñas empresas y autónomos están desapareciendo al no contar con una administración que haya puesto en marcha un modelo productivo dinámico y diversificado. El intervencionismo permanente de la administración autonómica en aras al control del tejido empresarial ha favorecido a unas empresas frente a otras y no precisamente por ser las más eficientes, con lo que el sistema económico ha perdido productividad. Además las que han crecido aupadas por la administración del P.P. barriendo a sus competidoras, ahora mismo están echando el cierre por los impagos de la propia administración que las favorecieron, no hace falta ir muy lejos en nuestra comarca hay docenas de ejemplos.
Existe un problema añadido, que es la excesiva deuda privada familiar deribada sencillamente del sobrendeudamiento en el que muchas familias incurrieron para poder acceder a la vivienda, sobrendeudamiento que no se debía de haber consentido nunca desde el sector bancario.
La solución a este problema pasa por cambiar la ley Hipotecaria, pero también por crear mecanismos desde la administración que permitan reducir la presión de la deuda, lo fundamental es reconocer el valor real del inmueble de manera que la familia no pague de más por el mismo y lo que pague lo haga de manera más justa. Reduciendo esta deuda se podría generar de manera automática mayor ahorro y consumo en un segundo paso. El sector bancario tiene terror a llegar a esta situación por que implicaría automáticamente tener que reconocer un menor valor a sus activos pero la compensación que se obtendría por el aumento del ahorro y el consumo, y por lo tanto la actividad económica, compensaría el esfuerzo. Antes que destinar año a año miles de millones de euros a dotar de provisiones por insolvencias a las entidades financieras, ¿no sería más lógico negociar con los hipotecados y lograr que puedan pagar de manera razonable y en la medida de sus posibilidades la deuda?.
Así pues el único interés de la derecha sociológica en acceder al poder no es el de mover el dinero, no es el de poner en el mercado recursos económicos o financieros, sino acceder a los procesos de privatización de los servicios públicos (sanidad, educación...), procesos que no generarán dinero a la administración sino que nos costarán y nos están costando ya un dinero adicional al resto de la sociedad. También muchos de estos grupos están expectantes ante la posibilidad de recuperar todo o parte del dinero que se dejaron en los fondos especulativos, conviene recordar que el P.P. en el parlamento ya trató de impulsar compensaciones a estos inversores que en su día accedieron a estos fondos atraídos por su enorme rentabilidad, sin entrar a valorar su carácter volatil y de enorme riesgo. En este sentido, las informaciones filtradas en algunos foros los últimos meses, en los que se considera cerrado un acuerdo entre el P.P. y afectados por el caso Fórum, vienen a dar validez a estas teorías.
Hablando claro, la derecha sociológica ansía recuperar el poder no para crear riqueza sino para repartirse la que queda.

Presentación EUPV Segorbe

Presentación de la candidatura de EUPV-Segorbe.
En el local social de la formación en la Calle Colón nº 68, este viernes 29 de abril a las 20.00 hrs. Intervienen:
Jesús Monleón Peiró, coordinador comarcal.
Ignacio Blanco Giner, portavoz EUPV

ROBERTO LISART MARCO, candidato a la alcaldía de la formación.