TRANSFUGISMO MUNICIPAL EN EUPV, UN MAL NEGOCIO

Desde mi observatorio temporal de Benicàssim, vivo con especial interés los momentos del grupo municipal de EUPV en esta localidad. Un grupo que ha padecido la traición de la edil Inmaculada Mas. La jugada, destapada por Cadena Ser Castelló, tiene como trasfondo la probable ilegalidad en varias decisiones municipales que afectaban al grupo Gimeno (FACSA, FOBESA, RENOS, etc...) y que contaron con el necesario voto para su aprobación de tres concejales del Grupo Popular con intereses familiares en el grupo. Con el "fichaje" de la Señora Mas, el grupo Gimeno se asegura un voto que blinde su posición ante  una posible anulación de los acuerdos y nuevas votaciónes.

A este caso, hay que añadir el más cercano de Ernesto Marqués en Altura y el mediático de Tavernes de la Valldigna con el caso de Karina Vercher. 

¿Que hay detrás de estos casos?. La verdad es que en el fondo existen puntos de conexión aunque seguramente estas tres personas no hayan llegado a conocerse nunca. El primero es que fueron personas que formaron parte de listas electorales de EUPV, aglutinando o integrando importantes colectivos que llevan años trabajando por una alternativa transformadora, sostenible y de izquierdas para sus municipios. Lo que les une también es, la debilidad ante el olor del poder, del puestecito remunerado y el cirio en la procesión y eso, es prácticamente incompatible en un partido como EUPV. Para EUPV no suele ser sencillo presentar una candidatura electoral. La dificultad real a la hora de montar una candidatura no viene de la falta de simpatizantes, sino de el grado de compromiso y sacrificio altruista que exige una organización como la nuestra. En este contexto, el riesgo de la aparición de oportunistas infiltrados, es más que evidente. En los tres casos existe una mecánica diferente pero, en el fondo, similar. En los tres casos, los concejales pasan a apoyar al Grupo Popular, la antítesis política de EUPV y lo hacen tanto en situación de Mayoría Absoluta (Altura y Benicàssim) como en situación de plantear un vuelco (Tavernes), sin que aparentemente les plantee ninguna duda ideológica.

Evidentemente, en los tres casos, el gran beneficiado no es el concejal tránsfuga (primer error) sino el propio Grupo Popular. En el caso de Altura, después de la fuga precipitada del cerebro gris del equipo de gobierno en los primeros meses de mandato, incorporar a un joven licenciado vende mucho, al menos cara a la galería, aunque por su presencia en los plenos, órganos de gobierno y trabajo en la delegación asignada, más nos tememos que se trata de una presencia virtual que real. En el caso de Tavernes, la traición de Karina, es condición sine qua nom para el acceso del PP al poder. Finalmente, en el caso de Benicàssim, la Señora Mas es un eslabón necesario para garantizar la presencia omnipresente del Grupo Gimeno en las concesiones públicas de la localidad y con él el sostenimiento de la red clientelar del PP.

Como vemos, en los tres casos, quien más gana es el PP, pero ¿es buen negocio en 2013 ser un tránsfuga de EUPV?.

Las cosas han cambiado y mucho, en los últimos dos años. Con once diputados autonómicos imputados, los tres alcaldes capitalinos implicados en procesos judiciales, un presidente interino y un desmoronamiento del sistema clientelar en todo el País Valencià que afecta ya directamente a militantes y familiares que se están quedando en la calle, el recorrido que van a tener estos personajes en los callejones de la política está llamado a ser breve. 

En el caso de Altura, el tránsfuga se encuentra rodeado de un equipo de gobierno de un bajísimo perfil incapaz de afrontar no ya los principales retos de la localidad, sino los problemas del día a día.

En el caso de Benicàssim, la más que probable colocación del hijo de la trásfuga en una empresa del grupo Gimeno, puede prolongar la sombra de duda legal sobre las concesiones del grupo por parte del equipo de Gobierno, una huida hacia adelante de dudoso recorrido.

En el tercer tema, paralizada la moción de censura tras informe jurídico, la señorita Vercher, que aspira a un traslado de plaza (es profesora en Catalunya) se encuentra con el inexorable paso del tiempo que corre en su contra y en la probable desaparición política en la localidad, algo en lo que también coincide con los otros dos casos.

Es la obligación de EUPV la denuncia pública de estos casos, el apoyo a los colectivos traicionados pero, sobretodo, el advertir a los tránsfugas de que estamos ante el fin de un ciclo político y que las nuevas mayorías municipales y autonómicas que se preveen, con una mayor presencia de EUPV, supondrán su desaparición del sistema político o su reducción a la mínima expresión pública.

UN AÑO DESPUÉS: CRÓNICA DE LA DESMANTELACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ALTO PALANCIA

En el año 1996, tras acceder al poder en el País Valenciano, el PP inició una ofensiva propagandística con la educación por bandera. Por aquel entonces, la mayoría de medios de comunicación, incluyendo nuestra televisión comarcal, nos presentaba a los cargos populares, en el caso que nos ocupa Miguel Barrachina, anunciando a bombo y platillo la construcción de centros al albur de la implantación del nuevo mapa educativo y la entrada en vigor de la LOGSE.

En aquel momento el ahora vicepresidente de la Diputación Provincial, anunciaba la construcción de 14 nuevos centros y nos presentaba un escenario idealizado en el que, mira por donde, la derecha de toda la vida, iba a poner a la educación pública en la comarca y en el País Valenciano, a la cabeza de España.

La historia no es necesario repetirla, aunque no viene de mal recordarla. Las bases que han guiado la política educativa en la comarca han sido: 

-Priorizar políticamente a los centros concertados frente a los públicos, especialmente a un centro que durante todos estos años, hasta el pasado, ha sido financiado con dinero público vía concordato Iglesia-Estado y que ha realizado sin ningún tapujo un sistema de segregación inadmisible.

-Intromisión contínua del alcalde de Segorbe en el diseño del mapa escolar Comarcal, algo que ha contado con la complicidad necesaria de los cargos populares del resto de la comarca, aunque se dediquen a atacar al Sr. Calvo en las conversaciones tabernarias. 

-Precariedad de las instalaciones, tanto en las que no llegaban como en las que llegaron en malas condiciones de diseño y ejecución de la obra, arrastrando problemas de apertura, de seguridad y de funcionalidad, todo ello bajo la sospechosa sombra de Ciegsa, un "agujero negro" que el día que se destape dejará a EMARSA al nivel de un taller escolar.

-Nulo interés en la mejora efectiva del sistema en los pueblos más pequeños, cuyos consejos escolares han cogido las más de las veces el toro por los cuernos, siempre o casi siempre tiroteados por los correspondientes francotiradores locales del PP.

En estos momentos, tras dieciocho años de gobierno del PP, hay que decir y digo, que la situación en la educación es peor en muchos aspectos:

-Desmotivación del profesorado, acuciado por la persecución institucional.

-Cierre de colegios rurales (Vall, Almedíjar, etc...).

-Pérdida de servicios auxiliares como comedores y transporte escolar y de ayudas asociadas.

-Pérdida de profesores de apoyo, esenciales en los casos de educación especial, y de unidades completas.

-Aumento del ratio de alumnos incumpliendo las más de las veces la propia normativa autonómica y estatal.

-Fracaso escolar vinculado a valores sociales transmitidos: enriquecimiento rápido, casos de corrrupción, creación de una clase política gobernante formada por personas con bajísima cualificación educativa, etc...

Hace un año, en una reivindicación sin precedentes la comarca salió a las calles de Segorbe exigiendo no sólo una situación de reversibilidad en los recortes y de garantización de los derechos todavía existentes, sino que de una vez por todas la educación, pública y de calidad sea el auténtico motor de transformación social.

A pesar de ello, a los pocos meses el anuncio de nuevos y más dramáticos recortes eran planteados desde la Conselleria. Todo ello no deja lugar a dudas del concepto socio-económico que está implementando la derecha: un sistema basado en la baja cualificación de nuestros jóvenes para construir un modelo productivo cimentado en los bajos salarios a la par que el apoyo decidido con aportación de recursos públicos a la escuela privada facilitándole apertura de líneas educativas, cediéndoles solares, condonándoles tributos y todo ello permitiendo la segregación real y efectiva de los alumnos, derivando a los colectivos más desfavorecidos en lo económico pero también en lo pedagógico (alumnos de educación especial) al sector público, algo que se aprecia también en el modelo sanitario. Resumiendo, creando dos sociedades separadas por una brecha social cada vez mayor y en la que, sin remilgos, se utilizan los recursos generados por la mayoritaria, para financiar los servicios elitistas y exclusivos de la minoritaria, algo totalmente inaudito en el mundo occidental.

En los últimos meses estamos asistiendo a una penosa representación. Se anuncian diversos recortes que luego se quedan a medias año a año. Ello sirve de argumento político a los cargos populares locales que incluso venden como éxito el dar un paso atrás en vez de dos, maniobras perfectamente calculadas de antemano y milimétricamente diseñadas. Con todo ello, los pasos hacia el desmantelamiento son cada vez más irreversibles. Un ejemplo de lo que digo es constatar que se invoca la normativa existente para, por ejemplo, justificar la eliminación del transporte escolar en el IES Jérica-Viver, mientras se anuncian agrupamientos de alumnos en Altura o Segorbe, que VAN A INCUMPLIR esa misma normativa.

Mientras tanto, en este naufragio terrible al que se está sometiendo a la comarca, el alcalde de Segorbe vuelve a maniobrar a favor de un centro privado, entrometiéndose y extralimitándose en la atribución de sus funciones. A finales de los 90 impulsó la concentración del alumnado de la ESO en el IES Cueva Santa y la segregación de bachillerato y ciclos en el IES-Alto Palancia, algo muy discutible pedagógicamente pero denunciable al 100 % políticamente. Todo ello con el fin último de garantizar la viabilidad de los centros privados de la localidad. A día de hoy, da una nueva vuelta de tuerca para favorecer la implantación de una línea de infantil en uno de estos centros, el que ha estado durante años segregando alumnos. El precio a pagar será la supresión de hasta SIETE profesores en el Colegio Pintor Camarón, el mayor recorte educativo que se recuerda NUNCA y que van a llevar sobre sus espaldas la mayoría social de Segorbe.

Tal y como quedó claro por fin a algunos padres en el tema de la supresión/no supresión del transporte y comedor de los alumnos de Peñalba, el Sr. Calvo NUNCA ha defendido el interés general de los segorbinos, sino que siempre ha intentado vender un segorbinismo fundamentado en la confrontación con otros pueblos, un localismo rancio y retrógrado que le ha dejado las manos libres para favorecer los intereses de los lobbyes que lo sustentan.

La realidad es la que es. En Chóvar el PP pone en marcha su perverso mecanismo de estrangulamiento de los colegios rurales, financiando costosos barracones unos pocos años antes que realizar una razonable y modesta inversión en el colegio existente. El objetivo es la desmotivación del alumnado y sus familias incitándoles a la matriculación en pueblos vecinos y condenando de paso el futuro del pueblo todo ello, como en Castellnovo, con la complicidad NECESARIA de los gobiernos locales del PP.

Mientras la Conselleria anunciaba los recortes para 2013-14, el alcalde de Montanejos se dedicaba a ir de canapés a Fitur, jactándose ante los micrófonos de la Sexta de promocionar su pueblo a cargo del presupuesto de la Diputación Provincial. La noticia es doble o triplemente hiriente, porque entre esas medidas de recorte anunciadas se contempla la eliminación de un profesor de apoyo del CRA Palancia-Mijares, fundamental en la atención de una alumna de educación especial del aulario de su pueblo. Ese es el orden de prioridades y no otro, Canapé primero, Educación después, Paseillo Televisado primero, Necesidades de los más Desfavorecidos después. Afortunadamente para los vecinos de Montanejos, sólo existe un centro educativo y es público, no quiero ni pensar si existiera otro privado.

Preferentes: El Corralito Español

 Me comentaba un amigo desde Inglaterra hace unos meses que era vox populi en la isla que España caminaba irremediablemente hacia un "corralito", al estilo del vivido hace unos años en Argentina. Pasado el tiempo uno descubre que la capacidad de mutación del sistema es directamente proporcional a su carácter cíclico: ninguna crisis es igual a otra, pero siempre está ahí, recordándonos periódicamente las limitaciones del modelo. En este caso, casi nadie en nuestro país parece haber entendido el tema. Efectivamente estamos ante un nuevo "corralito". Como en el caso de Argentina, los más afectados: la clase media, los pequeños ahorradores y jubilados que después de años de trabajo habían depositado con el mayor cariño los frutos de años de esfuerzos en manos de las entidades bancarias.
 El caso de Bankia es, en el caso de nuestra comarca, un ejemplo sangrante que ha llevado el tema al terreno de la inmundicia social, económica y política. No olvidemos que entidades como la CAM, Santander o BBVA también se sumaron a la moda de las Preferentes o incluso las encabezaron, pero su presencia en la comarca ha sido minoritaria y sus efectos colaterales residuales.
 Bankia lanzó unos productos financieros bajo el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de extrema complejidad cuyo fin último era la capitalización de la entidad: traspasar depósitos de los clientes al activo contable en forma de capital y mejorar su ratio. Las claves para entender la situación actual parecen irse despejando poco a poco. Parece claro que muchos directores de sucursales desconocían los términos de las emisiones, esto nos lleva a dos posibilidades: o carecían de información o carecían de formación. Cualquiera de las dos situaciones implica sí o sí algo aterrador para la imagen de la entidad. De otro lado la posibilidad de que existieran directores que poseían formación e información suficiente no es menor consuelo pues nos lleva directamente a plantear situaciones de estafa. No conviene minusvalorar las fórmulas de trabajo de las entidades bancarias que imponen sistemas por objetivos a las sucursales, lo cual es un factor de presión hacia los profesionales bancarios.
   Sea como fuere, cientos o incluso miles de nuestros paisanos han "caido" atrapados en esta diabólica red. Para ello ha sido imprescidible la complicidad del sistema, la confianza personal, la propia necesidad de buscar rentabilizar mínimamente los ahorros buscando curiosamente en muchos casos una seguridad y una liquidez que se garantizaba, cuando precisamente eran las patas débiles del producto.
  Más de 700.000 ahorradores (algunos extranjeros), 35.000 millones de euros, las cifras son aterradoras y la posibilidad de que se declare la nulidad de muchos de estos contratos planea sobre el sistema como espada de Damocles. La huída hacia adelante de Rato priorizando ensanchar la entidad antes que dotarla de sólidas patas se vio en la necesidad de estas "salidas imaginativas" de recapitalización. Para ello se acudió, sin ningún escrúpulo, a la venta de productos de altísimo riesgo a los clientes de siempre, a aquellos que durante décadas se habían mantenido fieles con, en su día, Bancaja, gente que depositó no sólo su dinero, sino su confianza personal en la gente de la entidad con la que la relación era mucho mayor que la que se establece entre un cliente y un empleado cualquiera, traspasando varias líneas rojas como la de implicar en muchos casos a propios familiares y a clientes de gran edad y con poca formación. Clientes que habían visto reducido en los últimos años los rendimientos de sus cuentas de ahorro fagocitados por gastos y comisiones y a los que se les vendió el producto como la solución a la pérdida de rentabilidad sin perder liquidez.
 Es necesario movilizar e informar a los afectados, que sean capaz de ir de manera conjunta para garantizar al máximo la defensa jurídica de sus derechos y puedan o bien recuperar el máximo de sus aportaciones o el procesamiento de los directores financieros de la entidad, o bien ambas cosas, algo que nos dignificaría como sociedad.
Jesús Monleón Peiró
Coordinador EUPV-Alto Palancia

Movilización ciudadana contra los recortes en educación en el Alto Palancia

El pasado día 23 de febrero tuvo lugar un importante acto público por las calles de Segorbe en defensa de los servicios públicos, en especial la Educación, pero también la Sanidad o la Justicia, ante la avalancha de recortes planteados tanto desde el Estado como desde el Gobierno Autonómico.
Ante esta manifestación, en la que participaron personas de diferente orientación política, incluídos simpatizantes y afiliados del PP, algunos dirigentes y medios vinculados con este partido, que ejerce el control politico en estos momentos en la práctica totalidad de la comarca, están intentando "tapar el sol con el dedo" o, lo que es lo mismo, tratar de marear la perdiz con datos y desempolvar el tema de la construcción de centros en estos años para intentar reconducir la imparable convicción social de que los servicios públicos están en una situación de riesgo que amenaza su calidad o, incluso su prestación misma. Unos servicios que son la garantía de que todos los ciudadanos, independientemente de sus posibilidades económicas, puedan tener la oportunidad de formarse, de sanarse o de ser defendidos ante la ley en un plano de igualdad con sus semejantes.
El sistema educativo valenciano ha sido y es uno de los que acumula un mayor fracaso escolar del estado. Los estándares de calidad educativa no se miden por el número de centros, algunos por cierto, construidos con retrasos que han llevado a los niños a 7 años de barracones en el caso del centro formativo Jérica-Viver, son otros los parámetros los que fundamentan el buen funcionamiento del sistema y esos, lamentablemente, no lo han hecho.
Hablar de productividad del profesorado es lamentable porque si lo que se quiere es que los jóvenes aprueben por el artículo 33 a los profesores les cuesta 5 minutos poner un sobresaliente global y a correr. La participación de la sociedad en el sistema educativo ha sido sesgada y manipulada por determinados cargos políticos de la comarca, a la historia reciente me remito. El PSPV dejó por resolver el mapa electoral en todo el País Valenciano y el PP tuvo que resolver un problema importante. Para ello el PP se dejó llevar por parámetros dificilmente defendibles. El peso de determinados cargos públicos locales que tampoco tenían ningún interés en imponer criterios racionales ni pedagógicos, sino populistas, determinó un mapa escolar comarcal muy mejorable y cuyo mala vertebración ha pesado como una losa en toda una generación de jóvenes.
Sirva esta reflexión para, en una época de ajustes y lamentablemente de recortes, seamos capaces al menos de reconocer los errores cometidos en otras épocas y ponernos a trabajar en el blindaje y la defensa de un sistema educativo público accesible, versatil, moderno, participativo y que proporcione a nuestros jóvenes la formación necesaria para afrontar un futuro laboral con garantías en los próximos años.

El viaje a ninguna parte

El pasado domingo día 22 de enero, el presidente del patronato de la Cueva Santa y a la sazón cura párroco de Altura D. Juan Manuel Gallent, convocó a los Ayuntamientos de la comarca así como a los grupos políticos de Altura y demás vecinos y entidades de la localidad a un acto de presentación del proyecto director de mejora de la Cueva Santa y su entorno. El acto, al que no acudí, se llevó a cabo en la iglesia de Altura ante la presencia del Obispo de la diócesis. Sólo he coincidido en una ocasión con el Sr. Gallent, esta privamera con ocasión de una boda en la Cueva Santa, ocasión en la que me demostró ser una persona educada y atenta.
 En estos momentos la situación de la comarca es francamente de urgencia. Los ayuntamientos de la zona se hallan en situación de quiebra técnica con una falta total de liquidez, acentuada por los impagos de la administración autonómica, en el caso de Jérica acumulan unos impagos de 220.000 € aproximadamente. Cada día que pasa se agudiza el tema de los recortes: farmacias arruinadas, colegios sin calefacción, servicios de mamografía o sintrón suprimidos en el centro sanitario de Segorbe, cierre del vivero de El Toro, reducción en vigilantes forestales, amortización de plazas de Sargento en el parque comarcal de Bomberos, etc..., la lista es extensa y afecta directamente a todos los ciudadanos de la comarca. Esta situación ha producido un efecto rebote en instituciones como la Mancomunidad en donde los trabajadores llevan muchos meses sin cobrar en una situación límite. Mientras tanto, la Diputación nombra 30 asesores de no sé sabe que, entre ellos el alcalde de Altura con un sueldo de 33.000 € al año o el de Higueras, 44.000. Todos los días un chófer pagado con el dinero de los castellonenses recoge al Sr. Barrachina para llevarle a la Diputación, mientras la entidad reduce en un 90% su aportación a las inversiones en obras provinciales. Por si esto fuera poco la situación particular de Altura es todavía más sangrante: los trabajadores arrastran impagos, la escuela de música está en situación límite con más de 18.000 € pendientes de pago a la U.M.C.A. por parte del Ayuntamiento, un dinero que se lo ha ganado la entidad a base de realizar actos para el consistorio, no hablemos ya de los cortes en el suminstro eléctrico en instalaciones y locales de titularidad municipal, el cierre de la oficina de turismo mientras el Alcalde de va a Fitur, las obras inconclusas de Tanatorio, Centro Juvenil, etc...
  Tras este panorama, a nadie con un mínimo sentido de la realidad se le ocurre plantear un proyecto como el que nos ocupa. Sin entrar a valorar otros problemas, el horno no está para bollos, ni bollos ni margaritas ni tortas de colorao.
   El Ayuntamiento de Altura (y todos los Ayuntamientos) tiene la obligación de defender cada uno de los euros que gasta. Hasta la fecha, que se sepa, todo el dinero gastado en el proyecto ha salido de las arcas municipales, sin embargo toda la iniciativa en el diseño y el concepto del mismo ha venido del presidente del patronato. Es razonable plantear la recuperación de la Hospedería y, además muy interesante porque no existen equipamientos de estas características en la zona. Es defendible mejorar las instalaciones "religiosas", para eso está el dinero que generosamente el Estado entrega a la Iglesia (que por cierto no han sufrido recortes) y con ello estoy diciendo que si quiere mi apoyo para lograr recursos del convenio Iglesia-Estado para la Cueva Santa, que cuente conmigo, siempre que sea para obras de mejora y consolidación de lo existente. Pero lo que no es ni razonable, ni defendible es presentar un proyecto faraónico, insostenible, exclusivamente religioso y agresivo con el medio natural recabando ayuda a las instituciones públicas axfisiadas económicamente y en un contexto de recortes en los servicios públicos generalizado. ¿Se ha ofrecido a las instituciones participar en la redacción y en la gestión futura del centro?. ¿Se ha abierto a los ciudadanos un proceso consultivo que pretenda recoger sugerencias e ideas?. Dada la cuantía económica del coste de la redacción del Proyecto y que se ha pagado con dinero público, ¿se ha sometido a concurso público su adjudicación?.
 ¿Muchas preguntas?. No, las justas. Mientras tanto, estemos atentos porque esto huele o bien a una falta total de perspectiva de la situación actual por parte del rector, o la posibilidad de que alguno de los grupos integristas emergentes en la Iglesia Católica, esté parapetada detrás del pastel. Al tiempo.

La F.P. del Partido Popular

Hace un par de años, el rodillo del Partido Popular en les Corts, tiró para atrás la propuesta de EUPV de llevar ciclos formativos, la antigua Formación Profesional (F.P.) al centro de Secundaria de Jérica-Viver. Esta propuesta, nacida después de un estudio riguroso por parte de la dirección del centro, era una apuesta realista e ilusionante para enriquecer la oferta educativa del centro y dar soluciones profesionales a los jóvenes de la zona. En los últimos meses, y lo que te rondaré morena, el Partido Popular ha comenzado su reforma educativa con la implementación en toda la comarca de la nueva F.P., siglas del término FALTA DE PAGO. Ya desde hace tiempo que muchas empresas, autónomos y comercios de la zona sufren las directrices de la nueva F.P. del Partido Popular, lo que ha llevado a las más expuestas económicamente hablando al cierre de las mismas. Con la llegada del P.P. a la Mancomunidad, muchos ciudadanos de la comarca en paro a los que se les había prometido entrar a trabajar en la entidad y que, en último término, habían protagonizado los vuelcos electorales en pueblos como Castellnovo, Sot, Geldo o Chóvar, se han encontrado con el bloqueo económico originado fundamentalmente en la falta total de liquidez derivada de la F.P. popular: deuda de la Consellería de Bienestar social desde 2009 con la entidad, deuda municipal de Altura (35 % de la población total) de los últimos cuatro años, etc....
En los últimos días, la noticia de que en Segorbe las farmacias iban a cobrar a los usuarios corrió como la pólvora si bien es cierto que la Conselleria acudió con 60 de los 500 millones de euros adeudados a tapar la boca de los establecimientos unos días antes de las elecciones. Una situación muy grave porque el cierre de una farmacia, sobre todo las más pequeñas, supone la supresión de un servicio ciudadano muy necesario en nuestros pueblos más deshabitados.
La guinda de esta situación, sin duda es Altura. A día de hoy, las instalaciones municipales del polideportivo carecen de suministro eléctrico. La empresa ha decidido el corte del mismo por impago del consistorio. Un impago a añadir a la deuda con la Mancomunidad, a los retrasos a los trabajadores, a proveedores, etcétera. El PP ha obtenido una victoria electoral histórica en Altura, aunque bajando unos pequeños votos, su distancia con el siguiente partido es enorme. La capacidad de los alturanos para el sufrimiento propio parece no tener límite, tal vez la falta de confianza en otras opciones políticas ha podido decantar esta victoria, pero viendo por ejemplo, la gestión que EU y PSOE llevan en otros municipios de la zona cuesta entender este terraplén por el que parece caer desde hace años. A nadie de la comarca le gusta ver sufrir a ningún pueblo, los pequeños por su situación de debilidad, pero los grandes por su capacidad de arrastre, por los daños colaterales que pueden ocasionar al resto del tejido social de la comarca. Un ejemplo de esto último es Segorbe, su hundimiento económico no ha sido gratuíto para el resto de municipios. Los mostradores de los ayuntamientos de la comarca se han llenado en los últimos años de parados que tenían su empleo en Segorbe. Empresas de otros municipios que tenían su base de actividad en la ciudad se han hundido sin remisión, y la situación de las empresas y autónomos locales no es mucho mejor. Pese a que el Sr. Calvo vende la moto de que las obras públicas se reparten entre las empresas segorbinas, lo cierto es que gran parte del plan E, el plan Confianza, las obras del nuevo Hotel, etcétera, han caido en manos de empresas de fuera no sólo de Segorbe, sino de la comarca, con lo que el esperado efecto positivo en el empleo que se esperaba de estas inversiones, ha quedano en nada. Valga otra vez como ejemplo Altura, la mayoría de cuyas inversiones de estos planes, se han transformado en edificios sin uso, Casilla de los Camineros, Tanatorio, Centro Juvenil,...convirtiéndose en equipamientos que pese a tener un fin plenamente definido, no están en estos momentos prestando el servicio para el cual se construyeron o se equiparon. El porqué de esta situación está, como se ha dicho en la F.P. del Partido Popular, una F.P. que como un cáncer se extiende a la misma velocidad que los éxitos electorales de la formación de derechas.

Desahucios, un chantaje enveneado.

 En las últimas semanas, la opinión pública y los medios de comunicación se han hecho eco de la generalización de los procesos de desahucio en todo el estado. La situación, una de las primeras denuncias que planteo el movimiento ciudadano 15-M en toda España, viene "amparada" por una ley draconiana de dudosa constitucionalidad, cada vez más cuestionada por los sectores judiciales. Poco se está hablando de propuestas para dar solución a este problema por parte de los dos grandes partidos, y mucho menos se mojan con acciones concretas desde las instituciones que gobiernan, ya sean municipios, gobiernos autónomos o centrales para detener esta vergüenza. Mucha gente pone en el punto de mira al sector bancario y, razonadamente, la actuación de muchas entidades es realmente indignante. Hay que actuar rápida y contundentemente en esta situación. Plantear soluciones que permitan a las familias no ver pisoteados sus derechos es fundamental porque además este status quo también está perjudicando a las entidades. Estas últimas se obcecan en hacer valer el peso de la "justicia", y sin embargo la consecuencia para ellos son enormes gastos legales, pérdida de los futuros ingresos por cuotas hipotecarias de los clientes y el engorde de una cartera de inmuebles que ni en el corto ni en el medio plazo van a poder vender y que van a perjudicar su balance. Así pues, al final la familia se queda en la calle y el banco sin dinero y con un inmueble sin valor. La solución, que no puede ser general, debe pasar por la creación de un servicio independiente de intermediación que plantee renegociaciones de las condiciones de hipoteca y aplazamientos en los pagos e incluso los intercambios de vivienda por otras de las que dispongan las entidades más asequibles, todo lo necesario para evitar que se conculque flagrantemente el artículo 47 de nuestra Constitución, aquella que habla del derecho a una vivienda digna para todos los españoles.