EUPV-Alto Palancia por un nuevo modelo territorial
En los últimos años muchos son los foros de diversa orientación y procedencia, desde los que se nos insiste en la necesidad de racionalizar la administración pública. Es importante la ofensiva que, fundamentalmente desde foros de derechas, se está lanzando contra las administraciones autonómicas incluso contra el propio modelo autonómico, y que no persigue sino meter a España en un proceso de involución y centralización que volvería a alejar los servicios públicos y sus mecanismos de funcionamiento y mejora de los ciudadanos y sus territorios. Dentro de este disparate al que colaboran proyectos políticos de dudoso pelaje como el partido de Rosa Díez (ella mismo fue consejera de un gobierno autónomo durante ocho años), se ha sumado con inusitado ímpetu el PP (de hecho y en el fondo, es él el mayor responsable). El nucleo duro del PP cuyas propuestas políticas gravitan alrededor de la temible FAES, defiende un modelo de estado decimonónico propio de la restauración borbónica, con el único argumento de el abaratamiento de los servicios, algo que también habría que demostrar de manera más tangible. Dentro de este modelo, la importancia de las Diputaciones Provinciales es mayúsculo. Ninguneadas o vaciadas de contenido las Autonomías, el mantenimiento de estas instituciones permite el control político sobre los municipios, otra expresión del poder ciudadano a someter. Las Diputaciones son entidades a extinguir por que mantienen fundamentalmente el funcionamiento, estructura y espíritu del siglo XIX, de hecho es la única institución que ha sobrevivido al franquismo sin que se acometa ninguna reforma sustancial. Hoy día, como en el franquismo, sus miembros salen elegidos de un proceso indirecto, no de la voluntad de los electores sino, como mucho, de los partidos políticos, exactamente igual que en el franquismo y, lo que es más grave, en una institución supramunicipal, es inadmisible que todos los municipios a los que se adscribe no posean una representación directa en su pleno.
Junto a estos factores importantísimos en la forma y en el fondo, conviene recordar que la Diputación duplica administración y además ejerce competencias en materias como carreteras, sanidad, educación incluso, cultura etc...que pertenecen a otras administraciones, fundamentalmente autonómicas. La Diputación es además la única institución (si excluimos la Unión Europea) que no posee recursos financieros autónomos, o sea que no participa en el pastel recaudatorio, cosa que sí que hacen los Ayuntamientos, las Autonomías y el Estado, por lo tanto aquí viene otra sorpresa para muchos ciudadanos, el dinero con el que la Diputación pone en marcha sus proyectos y financia su funcionamiento proviene de otras administraciones, básicamente del Estado y del Gobierno Autónomo, esto incluye por supuesto los famosos Planes Provinciales que puntualemente vienen a inaugurar los diputados de turno sin que explique a los ciudadanos que el 100 % del dinero de los planes proviene a partes iguales del Gobierno de España y del de Valencia.
El actual presidente de la Diputación provincial de Castellón, aparte de su imputación en diferentes procesos, posee un total de 32 asesores. El coste para nuestros bolsillos de estos puestos de trabajo, totalmente innecesarios en un 90 % de los casos permitiría poner en marcha proyectos en nuestros pueblos necesarios o incluso imprescindibles, no es broma por que estamos hablando de millones de euros al año. El chiringuito político del PP garantiza el control político pero a la larga está suponiendo un problema de desarrollo que ha llevado a nuestra provincia cinco puntos por encima de paro respecto a España, algo inédito hasta hace unos años. EUPV, defiende la creación de órganos supramunicipales en donde todos los municipios posean representación directa en sus órganos de decisión, esto sólo es viable lógicamente a través de las Mancomunidades. No se trata de crear nuevos órganos, por que nosotros propugnamos la eliminación de las Diputaciones, traspasando trabajadores e instalaciones bien a las Mancomunidades bien a la administración autonómica, dependiendo de el ámbito de trabajo en el cual estemos hablando. Un siguiente paso sería tal vez la elección directa de los cargos de las Mancomunidades por parte de los ciudadanos algo a estudiar para implicar más a la sociedad en el funcionamiento de las mismas.
Hay un hecho demoledor, la Sr. Cospedal el Sr. Rajoy, todos hablan de adelgazar las administraciones autonómicas, de reducir consejeros, etc.. pero ninguno habla de las Diputaciones, por que en el fondo, saben que les son necesarias para ejercer el control político sobre los municipios dentro de su concepto anacrónico y carpetovetiano del Estado postfranquista en el que quieren convertir a España.
