Durante los últimos días se oye con bastante resignación a muchos miembros de la clase trabajadora justificar su voto al P.P. en el sentido de que sólo la derecha va a poder llevar la confianza a los bancos y a movilizar recursos económicos con los que generar empleo.
El retrovisor de las últimas décadas debe de desplegarse con rigor y objetividad para poder ser capaz de comprobar las enormes diferencias que existen entre la situación de mediados de los años 90 y la actualidad.
A finales de los años 80, la entrada de España en el merdado común provocó la venta de miles de empresas a inversores extranjeros, el tejido empresarial forjado durante el franquismo, un tejido con un fortísimo sesgo político al nacer del clientismo e intervencionismo del anterior régimen, sucumbió ante las suculentas ofertas que prácticamente en todos los sectores productivos llegaban de grupos empresariales europeros, japoneses o americanos.
La crisis de principios de los 90 fue una combinación de dos factores: en primer lugar mucho de este tejido empresarial había sido desmantelado por los nuevos inversores para ser reconvertido en meras prolongaciones de sus estructuras comerciales, mientras que la clase empresarial postfranquista permanecía atrincherada a la espera de la llegada de la derecha política al poder, algo que sucede definitivamente en el 96.
Poco o nada del sistema económico fiscal sería reformado, ya se había encargado el Sr. Solbes en la última legislatura de Felipe González de introducir las reformas necesarias, incluyendo el proceso de privatizaciones que afectaron desde las telecomunicaciones hasta el sector financiero.
La llegada del Sr. Aznar supuso un pistoletazo de salida para cientos de miles de millones de pesetas que además se multiplicaron con la llegada del Euro al aflorar una enorme cantidad de dinero negro generada en las últimas décadas.
Así pues, por un lado el estado haciendo caja con la venta de empresas públicas y por otro la clase empresarial post-franquista inyectando dinero en la economía privada producieron una auténtica hemorragia de optimismo económico al que se sumó la burbuja inmobiliaria auténtica vía de escape de este torrente monetario que nos inundaba.
Quien piense que una victoria en los próximos meses de la derecha va a producir el efecto que tuvo lugar en el año 1996 es, seguramente, un ingenuo.
A diferencia de entonces el estado ya no está en condiciones de privatizar ninguna empresa pública de entidad, aunque sí de servicios. La diferencia es enorme. Privatizando una empresa supone hacer caja, obtener líquido, privatizando un servicio no por que sale más caro, la prueba es la residencia de Segorbe que al ser privatizada nos cuesta a todos los valencianos 300.000 € más al año.
Por otro lado ¿que queda de aquella derecha postfranquista potente económicamente?, prácticamente nada. Víctimas del propio sistema al que ayudaron a crear, miles de ciudadanos pertenecientes a esta pseudoclase han perdido miles de millones de euros en los últimos años desde los fondos de inversión especulativos controlados por grupos afines al P.P. como Gescartera, Fórum Filatélico, etc..pasando por los grandes fiascos inmobiliarios que han dejado a muchos de estos individuos metidos a promotores con enormes agujeros económicos.
Así pues, ¿Dónde están los recursos?. Fundamentalmente en los grandes grupos económicos del país, en un proceso de polarización que ha arrasado el capitalismo popular, algo que algunos ya vaticinábamos hace unos años. Estos grupos moveran o no el dinero fundamentalmente en función de los mercados exteriores y eso no garantiza que el dinero lo muevan en nuestro país por que de hecho muchos de ellos ya lo están haciendo pero fuera de España en forma de inversiones y compra de empresas, produciendo paradójicamente la salida de líquidez de nuestro país.
También hay que decir que estos grupos no poseen un sesgo sociológico tan marcadamente postfranquista, pero evidentemente, su dimensión es capaz de influir en decisiones de gobierno tanto de PSOE como de PP.
La cuestión es ¿Existe en estos momentos una clase media capaz de capitalizar un proceso de cambio social y de dinamizar la economía?.
A día de hoy, esta clase media está prácticamente finiquitada, especialmente en territorios como el País Valenciano. Miles de pequeñas empresas y autónomos están desapareciendo al no contar con una administración que haya puesto en marcha un modelo productivo dinámico y diversificado. El intervencionismo permanente de la administración autonómica en aras al control del tejido empresarial ha favorecido a unas empresas frente a otras y no precisamente por ser las más eficientes, con lo que el sistema económico ha perdido productividad. Además las que han crecido aupadas por la administración del P.P. barriendo a sus competidoras, ahora mismo están echando el cierre por los impagos de la propia administración que las favorecieron, no hace falta ir muy lejos en nuestra comarca hay docenas de ejemplos.
Existe un problema añadido, que es la excesiva deuda privada familiar deribada sencillamente del sobrendeudamiento en el que muchas familias incurrieron para poder acceder a la vivienda, sobrendeudamiento que no se debía de haber consentido nunca desde el sector bancario.
La solución a este problema pasa por cambiar la ley Hipotecaria, pero también por crear mecanismos desde la administración que permitan reducir la presión de la deuda, lo fundamental es reconocer el valor real del inmueble de manera que la familia no pague de más por el mismo y lo que pague lo haga de manera más justa. Reduciendo esta deuda se podría generar de manera automática mayor ahorro y consumo en un segundo paso. El sector bancario tiene terror a llegar a esta situación por que implicaría automáticamente tener que reconocer un menor valor a sus activos pero la compensación que se obtendría por el aumento del ahorro y el consumo, y por lo tanto la actividad económica, compensaría el esfuerzo. Antes que destinar año a año miles de millones de euros a dotar de provisiones por insolvencias a las entidades financieras, ¿no sería más lógico negociar con los hipotecados y lograr que puedan pagar de manera razonable y en la medida de sus posibilidades la deuda?.
Así pues el único interés de la derecha sociológica en acceder al poder no es el de mover el dinero, no es el de poner en el mercado recursos económicos o financieros, sino acceder a los procesos de privatización de los servicios públicos (sanidad, educación...), procesos que no generarán dinero a la administración sino que nos costarán y nos están costando ya un dinero adicional al resto de la sociedad. También muchos de estos grupos están expectantes ante la posibilidad de recuperar todo o parte del dinero que se dejaron en los fondos especulativos, conviene recordar que el P.P. en el parlamento ya trató de impulsar compensaciones a estos inversores que en su día accedieron a estos fondos atraídos por su enorme rentabilidad, sin entrar a valorar su carácter volatil y de enorme riesgo. En este sentido, las informaciones filtradas en algunos foros los últimos meses, en los que se considera cerrado un acuerdo entre el P.P. y afectados por el caso Fórum, vienen a dar validez a estas teorías.
Hablando claro, la derecha sociológica ansía recuperar el poder no para crear riqueza sino para repartirse la que queda.
