Desahucios, un chantaje enveneado.

 En las últimas semanas, la opinión pública y los medios de comunicación se han hecho eco de la generalización de los procesos de desahucio en todo el estado. La situación, una de las primeras denuncias que planteo el movimiento ciudadano 15-M en toda España, viene "amparada" por una ley draconiana de dudosa constitucionalidad, cada vez más cuestionada por los sectores judiciales. Poco se está hablando de propuestas para dar solución a este problema por parte de los dos grandes partidos, y mucho menos se mojan con acciones concretas desde las instituciones que gobiernan, ya sean municipios, gobiernos autónomos o centrales para detener esta vergüenza. Mucha gente pone en el punto de mira al sector bancario y, razonadamente, la actuación de muchas entidades es realmente indignante. Hay que actuar rápida y contundentemente en esta situación. Plantear soluciones que permitan a las familias no ver pisoteados sus derechos es fundamental porque además este status quo también está perjudicando a las entidades. Estas últimas se obcecan en hacer valer el peso de la "justicia", y sin embargo la consecuencia para ellos son enormes gastos legales, pérdida de los futuros ingresos por cuotas hipotecarias de los clientes y el engorde de una cartera de inmuebles que ni en el corto ni en el medio plazo van a poder vender y que van a perjudicar su balance. Así pues, al final la familia se queda en la calle y el banco sin dinero y con un inmueble sin valor. La solución, que no puede ser general, debe pasar por la creación de un servicio independiente de intermediación que plantee renegociaciones de las condiciones de hipoteca y aplazamientos en los pagos e incluso los intercambios de vivienda por otras de las que dispongan las entidades más asequibles, todo lo necesario para evitar que se conculque flagrantemente el artículo 47 de nuestra Constitución, aquella que habla del derecho a una vivienda digna para todos los españoles.