BANKIA, EXPOLIO AL ESTADO

El presidente de Bankia Gorigoizarri anunció hace unos días la inminente privatización de Bankia. Esta noticia que algunos han saludado de manera jovial responde al final de un proceso larvado desde hace décadas. Desde los años 80 con la reconversión industrial y las sucesivas oleadas privatizadoras de los 90, el sector público en España ha perdido un protagonismo necesario. Necesario desde el punto de vista estratégico de soberanía económica pero también de contrapeso ante las grandes corporaciones y su actuación oligopolística. Se ha visto en diversos sectores como los de la industria pesada, la distrubución de carburantes, la electricidad, etc... Las conexiones políticas con algunas de las corporaciones nacidas en estos procesos han llevado a ocupar sus consejos de administración a innumerable cantidad de ex-cargos políticos del PP y del PSOE casi siempre sin ocupar puestos de responsabilidad real sino meros espectadores de las juntas directivas eso sí, con importantes y jugosas retribuciones económicas a su favor.
El sector financiero público ofrecía por un lado entidades de crédito y ahorro como Caja Postal y de otro una nutrida red de Cajas de Ahorro cuya labor en la puesta en marcha de proyectos de todo tipo a través de su obra social, fue fundamental en la incipiente democracia española.

A partir del año 1991, los gobiernos del PSOE llevan a cabo una concentración no convenientemente justificada nunca de la diferente banca pública, en donde convergían entidades de muy diversa orientación como la propia Caja Postal o, por ejemplo, el Banco Local de Crédito. A partir del año 1993, se inicia su progresiva privatización ya como Argentaria, proceso que será finalizado por el PP en 1998.
"Eliminada" convenientemente esta esfera del sector financiero público, la red de Cajas de Ahorro ofrecía más difícil solución. Por un lado, la distribución territorial de las mismas determinaba una amalgama de contrapesos con presencia política diversa (PP, PSOE, nacionalistas, etc...), sindicatos, usuarios, personal, etc... Gracias a esa diversidad, la red se mantuvo indemne al proceso pero la maquinaria no dejaba de trabajar. En este proceso, son fundamentales las sucesivas aprobaciones de normativas estatales y autonómicas que primaban el peso político frente al resto de sectores. Gracias a ello las cajas de ahorro se convertirán en rehenes de los designios políticos. Los gobiernos autonómicos y también algunos grandes ayuntamientos utilizarán las cajas para financiar sus fastos, sus proyectos ruinosos y sin sentido, en muchos casos descuidando su obra social tradicional y su conexión con la gente de la calle. Para que esta dinámica funcione era preciso inundar los consejos de administración de gente de bajo perfil, escasos conocimientos financieros y de fácil contento material que demostrarán poco o ningún interés en cuestionar las principales decisiones de las cajas y carecieran de la mínima capacidad de interpretar una cuenta de resultados. Podríamos decir por la experiencia en el País Valencià que esa dinámica se correspondía con gobiernos del PP (pensemos en la presencia de gente como Rafael Calvo o José Vicente Torres en los consejos de Bankia), pero lo cierto es que en otros territorios como Andalucía, la dinámica era miméticamente reproducida por el PSOE o el PSC/CiU en el caso de Cataluña.
La red de Cajas de Ahorros comenzaron a introducirse en mercados antes vedados, grandes proyectos financieros, urbanísticos, energéticos, etc.. pero, que decía entonces la Banca Privada?, porqué no criticaba o se oponía a esta situación?. Muy sencillo, porque sabían perfectamente que las cajas de ahorro estaban cavando su tumba a medio plazo y por lo tanto era terreno abonado para lograr algo que siempre habían soñado pero que políticamente no veían accesible: su absorción y, además añado, a un coste residual.
No sólo se trata de hacerse con su mercado, algo que hubiera sucedido con la finiquitación de algunas entidades lo lógico antes que el rescate masivo utilizado, sino de hacerse directamente y a un coste ínfimo de las propias entidades una vez saneadas con decenas de miles de millones de euros públicos, incluyendo un banco virtual que concentre los activos tóxicos. La actuación colusiva y oligárquica de la Gran Banca Española sigue siendo uno de los grandes males del estado. Su penetración en el mundo político es intolerable y dañina a cualquier sistema democrático. La imagen que están dando a día de hoy recibiendo grandes cantidades de dinero a un coste financiero ridículo mientras estrangulan el crédito a las empresas y familias del país provocando la parálisis económica social es inadmisible.

Ante esta situación, paradójicamente, la solución la tenemos más cerca que nunca, no sólo la de salvaguardar la red de Cajas de Ahorro, sino, además, para crear de nuevo un sistema de banca pública al servicio de la economía real del país. En estos momentos, existen varias entidades nacionalizadas, se evita el término mediáticamente sustituyéndolo por el de intervención por cierto, entidades en las que el estado tiene la capacidad legal de gestionar y que además se hallan en clara situación de mejora de resultados, con números positivos en algunos casos. Es imprescindible pues un cambio político para que, en este punto del proceso, podamos revertir la situación. Que el aparentemente inevitable paso siguiente privatizador se convierta en un sector formado por entidades que permitan, en primer lugar, recuperar al estado las cantidades aportadas como rescate y en segundo, utilizar a las entidades para relanzar económicamente al país, lo cual supondría el final al bloqueo financiero de la gran Banca. Es importante ahora mismo movilizarnos a todos los niveles, cualquiera que sea el mismo y por pequeño que parezca. Concienciar y explicar a la gente que detrás de los procesos de rescate, en los que nos hemos dejado decenas de miles de millones públicos a cambio de importantes recortes sociales, no pueden quedar en simples procesos de reparto de cajas entre la oligarquía bancaria, unas cajas ya saneadas y que son entregadas a cualquier precio sin que el Estado halla recuperado una ínfima parte de lo aportado.

DAFSA, Suma y Sigue.

El pleno del pasado día 27 de enero de 2014 en Segorbe arrojó nuevas sombras sobre el proyecto de DAFSA, unas sombras tan alargadas como las que proyectará la nave de 40 metros que se está construyendo en el Polígono de la Esperanza. Vayamos por partes. El Polígono de la Esperanza fue un proyecto cogido con alfileres que está en el límite de afección legal (350 mts.) del Manantial de la Esperanza. Fue un proyecto llevado a cabo por el equipo de gobierno de Olga Raro a principios de los 90 y además de la proximidad al manantial se cuestionó la idoneidad del terreno desde el punto de vista geológico, así como de conexiones con la entonces nacional, el propio acceso del polígono no ha mejorado en los últimos 25 años. El gobierno del PP dejó languidecer el polígono durante dos legislaturas en las que apostó por reforzar la expansión industrial en la Avenida del Mediterráneo, huelga explicar las conexiones políticas entre algunas de las empresas allí establecidas con el equipo de gobierno. La actividad económica de mediados de la pasada década impulsan el establecimiento de empresas, algunas de fuera otras de Segorbe que buscan nuevos espacios ante el aumento de facturación y necesidad de redimensionar el negocio. Una vez comprobado que este repunte será insuficiente para hacer viable el polígono aparece el primer proyecto "estrella", SEPORSA. Seporsa era una empresa cuya intención era la de importación de cerámica china semi-elaborada y en la misma participaban socios del mundo cerámico y otros inversores. El proyecto fue alejado prudencialmente de la zona azulejera para no crear tensiones y Segorbe era el lugar ideal: un polígono muerto de risa y un Ayuntamiento dispuesto a bajarse todos los pantalones, faldas y demás que fueran necesarios. Pese a que, evidentemente no era un proyecto que fuera a crear muchos puestos de trabajo, el equipo de Gobierno movió convenientemente los hilos de la opinión pública segorbina creando un clima de euforia en un momento en el que ya se estaban viendo las orejas al lobo económico. En ese clima y, sin ningún rubor, se modifican las condiciones de edificabilidad y parcelación del polígono, o sea, se cambia la normativa ad-hoc para permitir la llegada de Seporsa. La nave, se construye con toda pompa y circunstancia, incluyendo presencia inaugural de los concejales del equipo de gobierno. El alcalde no sólo utilizará la empresa para colocar a su hijo como director de Recursos Humanos e incluso para contentar a antiguos compañeros de travesía política como cromos de la liga de fútbol, sino que, como suele ser habitual en él, para reforzar su caudillismo.
Lo demás es historia, SEPORSA se hunde, desaparece, cae fulminada casi que sin comenzar a andar, dejando múltiples facturas sin pagar a proveedores, electricistas, pintores y albañiles de la comarca, autónomos y pequeñas empresas, todo ello sin la asunción de ninguna responsabilidad de quienes ufánamente se habían aprovechado políticamente del proyecto.
DAFSA
A rey muerto rey puesto, dicen. El grupo Atitlan es un grupo de inversión Capital-Riesgo capitaneado por el yerno de Juan Roig (Mercadona), el objetivo de este grupo es fundamentalmente el de dotar de liquidez a aquellas empresas que establecen contratos de suministro con Mercadona. Con ello Mercadona, que indirectamente ejerce un control en Atitlan, no sólo subyuga logísticamente a sus proveedores, a los que obliga a trabajar prácticamente en exclusividad, sino que además lo hace de manera financiera logrando grandes rentabilidades en la inversión. Con ello el proveedor, que en muchos casos tiene su origen en una empresa mediana, se garantiza una financiación a un coste elevado pero que de otra manera no podría lograr y que le resulta necesario para alcanzar la dimensión y volumen de actividad exigido por Mercadona.
DAFSA será una de las empresas que entra en esa dinámica. Establecida desde hace años en L'horta Sud, la entrada del grupo Atitlan le permitirá financiar su ampliación y un impulso necesario para afrontar la creciente demanda de Mercadona, una vez lograda la rentabilidad deseada, el grupo de capital se retiró de la empresa con la compra del 100 % de las acciones por parte del propietario inicial, José Luis Campillos hace unos pocos meses.
Cuando Atitlan sale de Dafsa, el acuerdo con el Ayuntamiento está cerrado. Dafsa no tiene garantía del agua pero sabe que existe un importante acuífero bajo sus pies, que lo pueda lograr de concesiones municipales, con pozos u otras vías no le preocupa, el peso de un grupo como Mercadona es demasiado grande para una Confederación Hidrográfica controlada por los hombres de Arias Cañete, un ministro obsesionado con la mercantilización de los recursos medioambientales del estado al "mejor" precio.
EUPV-Segorbe comienza a movilizarse hace exactamente un año. Se presentan escritos solicitando información al Ayuntamiento, sin respuesta, y se mantienen reuniones con personal técnico de la CHJ, dando traslado desde el primer momento de la situación al Grup Parlamentari por medio de Lluis Torró.
Después del verano se recibe contestación por escrito por parte de la Confederación. En el mismo se deja constancia que DAFSA o el Ayuntamiento no han solicitado revisión de la concesión desde la alegación presentada en 2006, texto de una redacción ridícula y vergonzosa por parte del consistorio copia de la cual también nos remiten.
Sabedores de que, con las obras ya en marcha, el alcalde va recorriendo la zona incluyendo partidas de Altura con técnicos en busca de soluciones, nuestra preocupación aumenta. Constatada la nefasta capacidad de gestión de Rafael Calvo y Ángel Berga, capaces de convertir todo lo que tocan en pifia, tenemos la impresión de que de nuevo se ha hecho la casa empezando por el tejado y no en el sentido de que DAFSA no vaya a tener agua, sino en el sentido de que el Ayuntamiento no gestionó en tiempo y forma los recursos disponibles para dar una salida al tema o tal vez calculadamente para no echarse a la opinión pública encima, pero en cualquier caso de una manera temeraria.
Temeraria porque de entre todas las soluciones, mucho nos tememos que se llegue a la peor. El oscurantismo que rezuma el tema obliga a la especulación y la desconfianza. El hecho de que sacara el tema en el pleno del día 27 y que acusara a la oposición de sembrar dudas, deja en evidencia precisamente al equipo de gobierno y constata su nula capacidad de atraer proyectos razonablemente sostenibles a la ciudad.
Por segunda vez el consistorio modificará o habrá modificado las condiciones de volumetría y por enésima vez el gobierno popular de Altura bajará la cabeza ante una actuación que modifica el entorno paisajístico de la población de manera directa, no sé si a cambio de algo o de simplemente por obediencia debida.
Nuevamente el Ayuntamiento utiliza torticeramente el tema de los puestos de trabajo para justificar una actuación industrial como la de DAFSA hablando de 400 puestos de trabajo y de una prioridad establecida con la empresa de contratación de segorbinos, algo inconstitucional. El disparate en una ciudad con una tasa de paro superior a los pueblos medios de la comarca (excepto Altura) que roza los 1000 desocupados oficiales y otros tantos no-oficiales, llega a tal punto que el Ayuntamiento denuncia empadronamientos irregulares de gente que busca entrar en la empresa como fórmula para evadir responsabilidades en la insufrible tasa de paro. Es tan baja, la perspectiva social de esta gente, que se filtra a la prensa la noticia  del aumento de demanda de pisos de alquiler en Segorbe lo cual no sólo indica que, efectivemente, la mayor parte de la contratación no se va a realizar a gente de la localidad sino que además actúa de disuasor frente al potencial inquilino que preferirá establecerse en Altura (más próxima a la industria) o Navajas, en donde el efecto sobre los alquileres será menor.
Yendo a los datos concretos, DAFSA necesita aproximadamente 3 millones de metros cúbicos al año (3 hectómetros) aunque la instalación está preparada para 4, el pantano del Regajo tiene capacidad para unos 5,5 hectómetros, el manantial de la Esperanza está proporcionando ahora mismo (2014) unos 455 l/s, 14 hectómetros al año, aunque es muy variable por ejemplo en octubre de 2012 esa cantidad se redujo a la mitad, lo cual implicara una amenaza para el suministro agrícola no sólo de Segorbe sino también para Altura y Navajas.
Segorbe posee una concesión de 40 l/s para uso humano e industrial, cláramente insuficiente para DAFSA pues proporciona 1,2 hectómetros al año. Esa concesión, ha sido ya comprometida con la empresa anteponiendo los intereses de la empresa al suministro y desarrollo restante de la ciudad, tal y como explicó el Alcalde en el pleno al afirmar que los 500.000 metros cúbicos del polígono estaban a su disposición (0,5 Hc.), esto imposibilitará de facto la llegada de otras empresas al polígono, DAFSA sabe que ese agua es y será muy barata por estar su cota de afloramiento (410 mts) muy próxima a la de la propia cota de la empresa y por lo tanto será la que use prioritariamente. En cualquier caso era pues necesario y urgente un acuerdo de cesión de los caudales del sindicato de riegos. Lo de menos es que exista una compensación económica, algo que permite la ley que ya en su día modificó el Sr. Arias Cañete (2001), lo más importante es que tiene que tener un carácter temporal (se habla de dos años) y que necesitará de un visto bueno de la Confederación, pudiendo terceros afectados, fundamentalmente los regantes de Sagunt, interponer alegaciones al acuerdo (Ley del Agua, art. 67 sobre cesión de derechos).
Por supuesto, la empresa intentará por todos los medios lograr recursos propios que no dependan de terceros y el proyecto del pozo a día de hoy, todavía no  ha sido solicitado en la CHJ, con lo que vamos otra vez por detrás de los acontecimientos desde el punto de vista legal.
Tal y como he intentado explicar, en principio existen recursos hídricos aunque su uso en periodos de extrema sequía pueden comprometer el suministro. Existen recursos excedentarios del riego de Segorbe, mucha de cuya huerta se ha convertido en solares y otra está abandonada. Su uso aunque sea temporal por parte de la empresa condiciona la recuperación de la agricultura tradicional como fórmula de salida para muchas familias, puede provocar la denuncia de los regantes de Sagunt que se beneficiaban de estos excedentes y además aseguraban un caudal ecológico en partes del recorrido del Río que ahora puede peligrar. Por otro lado, la más que segura perforación de un pozo para garantizar el autoabastecimiento no es ninguna solución ambiental porque agua hay la que hay y pertenece toda al mismo acuífero, la afectación directa que preveo es sobre el manantial de los 50 caños y otros manantiales próximos, que se nutren de las escorrentías subterráneras del acuífero principal.
En el tema urbanístico sigo insistiendo en que habrá que estar atentos a las modificaciones urbanísticas y a que los municipios colindantes sobre todo Altura hagan valer sus derechos de impacto ambiental.
En el tema laboral, asistimos a otro culebrón en el que el propio consistorio da a entender que la mayor parte de la mano de obra procederá de fuera de la comarca aunque, como ocurrió en Seporsa, utilice las necesidades económicas de la gente para asegurar su control político y justificar la implantación de la empresa.