BANKIA, EXPOLIO AL ESTADO

El presidente de Bankia Gorigoizarri anunció hace unos días la inminente privatización de Bankia. Esta noticia que algunos han saludado de manera jovial responde al final de un proceso larvado desde hace décadas. Desde los años 80 con la reconversión industrial y las sucesivas oleadas privatizadoras de los 90, el sector público en España ha perdido un protagonismo necesario. Necesario desde el punto de vista estratégico de soberanía económica pero también de contrapeso ante las grandes corporaciones y su actuación oligopolística. Se ha visto en diversos sectores como los de la industria pesada, la distrubución de carburantes, la electricidad, etc... Las conexiones políticas con algunas de las corporaciones nacidas en estos procesos han llevado a ocupar sus consejos de administración a innumerable cantidad de ex-cargos políticos del PP y del PSOE casi siempre sin ocupar puestos de responsabilidad real sino meros espectadores de las juntas directivas eso sí, con importantes y jugosas retribuciones económicas a su favor.
El sector financiero público ofrecía por un lado entidades de crédito y ahorro como Caja Postal y de otro una nutrida red de Cajas de Ahorro cuya labor en la puesta en marcha de proyectos de todo tipo a través de su obra social, fue fundamental en la incipiente democracia española.

A partir del año 1991, los gobiernos del PSOE llevan a cabo una concentración no convenientemente justificada nunca de la diferente banca pública, en donde convergían entidades de muy diversa orientación como la propia Caja Postal o, por ejemplo, el Banco Local de Crédito. A partir del año 1993, se inicia su progresiva privatización ya como Argentaria, proceso que será finalizado por el PP en 1998.
"Eliminada" convenientemente esta esfera del sector financiero público, la red de Cajas de Ahorro ofrecía más difícil solución. Por un lado, la distribución territorial de las mismas determinaba una amalgama de contrapesos con presencia política diversa (PP, PSOE, nacionalistas, etc...), sindicatos, usuarios, personal, etc... Gracias a esa diversidad, la red se mantuvo indemne al proceso pero la maquinaria no dejaba de trabajar. En este proceso, son fundamentales las sucesivas aprobaciones de normativas estatales y autonómicas que primaban el peso político frente al resto de sectores. Gracias a ello las cajas de ahorro se convertirán en rehenes de los designios políticos. Los gobiernos autonómicos y también algunos grandes ayuntamientos utilizarán las cajas para financiar sus fastos, sus proyectos ruinosos y sin sentido, en muchos casos descuidando su obra social tradicional y su conexión con la gente de la calle. Para que esta dinámica funcione era preciso inundar los consejos de administración de gente de bajo perfil, escasos conocimientos financieros y de fácil contento material que demostrarán poco o ningún interés en cuestionar las principales decisiones de las cajas y carecieran de la mínima capacidad de interpretar una cuenta de resultados. Podríamos decir por la experiencia en el País Valencià que esa dinámica se correspondía con gobiernos del PP (pensemos en la presencia de gente como Rafael Calvo o José Vicente Torres en los consejos de Bankia), pero lo cierto es que en otros territorios como Andalucía, la dinámica era miméticamente reproducida por el PSOE o el PSC/CiU en el caso de Cataluña.
La red de Cajas de Ahorros comenzaron a introducirse en mercados antes vedados, grandes proyectos financieros, urbanísticos, energéticos, etc.. pero, que decía entonces la Banca Privada?, porqué no criticaba o se oponía a esta situación?. Muy sencillo, porque sabían perfectamente que las cajas de ahorro estaban cavando su tumba a medio plazo y por lo tanto era terreno abonado para lograr algo que siempre habían soñado pero que políticamente no veían accesible: su absorción y, además añado, a un coste residual.
No sólo se trata de hacerse con su mercado, algo que hubiera sucedido con la finiquitación de algunas entidades lo lógico antes que el rescate masivo utilizado, sino de hacerse directamente y a un coste ínfimo de las propias entidades una vez saneadas con decenas de miles de millones de euros públicos, incluyendo un banco virtual que concentre los activos tóxicos. La actuación colusiva y oligárquica de la Gran Banca Española sigue siendo uno de los grandes males del estado. Su penetración en el mundo político es intolerable y dañina a cualquier sistema democrático. La imagen que están dando a día de hoy recibiendo grandes cantidades de dinero a un coste financiero ridículo mientras estrangulan el crédito a las empresas y familias del país provocando la parálisis económica social es inadmisible.

Ante esta situación, paradójicamente, la solución la tenemos más cerca que nunca, no sólo la de salvaguardar la red de Cajas de Ahorro, sino, además, para crear de nuevo un sistema de banca pública al servicio de la economía real del país. En estos momentos, existen varias entidades nacionalizadas, se evita el término mediáticamente sustituyéndolo por el de intervención por cierto, entidades en las que el estado tiene la capacidad legal de gestionar y que además se hallan en clara situación de mejora de resultados, con números positivos en algunos casos. Es imprescindible pues un cambio político para que, en este punto del proceso, podamos revertir la situación. Que el aparentemente inevitable paso siguiente privatizador se convierta en un sector formado por entidades que permitan, en primer lugar, recuperar al estado las cantidades aportadas como rescate y en segundo, utilizar a las entidades para relanzar económicamente al país, lo cual supondría el final al bloqueo financiero de la gran Banca. Es importante ahora mismo movilizarnos a todos los niveles, cualquiera que sea el mismo y por pequeño que parezca. Concienciar y explicar a la gente que detrás de los procesos de rescate, en los que nos hemos dejado decenas de miles de millones públicos a cambio de importantes recortes sociales, no pueden quedar en simples procesos de reparto de cajas entre la oligarquía bancaria, unas cajas ya saneadas y que son entregadas a cualquier precio sin que el Estado halla recuperado una ínfima parte de lo aportado.