Me comentaba un amigo desde Inglaterra hace unos meses que era vox populi en la isla que España caminaba irremediablemente hacia un "corralito", al estilo del vivido hace unos años en Argentina. Pasado el tiempo uno descubre que la capacidad de mutación del sistema es directamente proporcional a su carácter cíclico: ninguna crisis es igual a otra, pero siempre está ahí, recordándonos periódicamente las limitaciones del modelo. En este caso, casi nadie en nuestro país parece haber entendido el tema. Efectivamente estamos ante un nuevo "corralito". Como en el caso de Argentina, los más afectados: la clase media, los pequeños ahorradores y jubilados que después de años de trabajo habían depositado con el mayor cariño los frutos de años de esfuerzos en manos de las entidades bancarias.
El caso de Bankia es, en el caso de nuestra comarca, un ejemplo sangrante que ha llevado el tema al terreno de la inmundicia social, económica y política. No olvidemos que entidades como la CAM, Santander o BBVA también se sumaron a la moda de las Preferentes o incluso las encabezaron, pero su presencia en la comarca ha sido minoritaria y sus efectos colaterales residuales.
Bankia lanzó unos productos financieros bajo el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de extrema complejidad cuyo fin último era la capitalización de la entidad: traspasar depósitos de los clientes al activo contable en forma de capital y mejorar su ratio. Las claves para entender la situación actual parecen irse despejando poco a poco. Parece claro que muchos directores de sucursales desconocían los términos de las emisiones, esto nos lleva a dos posibilidades: o carecían de información o carecían de formación. Cualquiera de las dos situaciones implica sí o sí algo aterrador para la imagen de la entidad. De otro lado la posibilidad de que existieran directores que poseían formación e información suficiente no es menor consuelo pues nos lleva directamente a plantear situaciones de estafa. No conviene minusvalorar las fórmulas de trabajo de las entidades bancarias que imponen sistemas por objetivos a las sucursales, lo cual es un factor de presión hacia los profesionales bancarios.
Sea como fuere, cientos o incluso miles de nuestros paisanos han "caido" atrapados en esta diabólica red. Para ello ha sido imprescidible la complicidad del sistema, la confianza personal, la propia necesidad de buscar rentabilizar mínimamente los ahorros buscando curiosamente en muchos casos una seguridad y una liquidez que se garantizaba, cuando precisamente eran las patas débiles del producto.
Más de 700.000 ahorradores (algunos extranjeros), 35.000 millones de euros, las cifras son aterradoras y la posibilidad de que se declare la nulidad de muchos de estos contratos planea sobre el sistema como espada de Damocles. La huída hacia adelante de Rato priorizando ensanchar la entidad antes que dotarla de sólidas patas se vio en la necesidad de estas "salidas imaginativas" de recapitalización. Para ello se acudió, sin ningún escrúpulo, a la venta de productos de altísimo riesgo a los clientes de siempre, a aquellos que durante décadas se habían mantenido fieles con, en su día, Bancaja, gente que depositó no sólo su dinero, sino su confianza personal en la gente de la entidad con la que la relación era mucho mayor que la que se establece entre un cliente y un empleado cualquiera, traspasando varias líneas rojas como la de implicar en muchos casos a propios familiares y a clientes de gran edad y con poca formación. Clientes que habían visto reducido en los últimos años los rendimientos de sus cuentas de ahorro fagocitados por gastos y comisiones y a los que se les vendió el producto como la solución a la pérdida de rentabilidad sin perder liquidez.
Es necesario movilizar e informar a los afectados, que sean capaz de ir de manera conjunta para garantizar al máximo la defensa jurídica de sus derechos y puedan o bien recuperar el máximo de sus aportaciones o el procesamiento de los directores financieros de la entidad, o bien ambas cosas, algo que nos dignificaría como sociedad.
Jesús Monleón Peiró
Coordinador EUPV-Alto Palancia
lunes, 23 de abril de 2012
sábado, 25 de febrero de 2012
Movilización ciudadana contra los recortes en educación en el Alto Palancia
El pasado día 23 de febrero tuvo lugar un importante acto público por las calles de Segorbe en defensa de los servicios públicos, en especial la Educación, pero también la Sanidad o la Justicia, ante la avalancha de recortes planteados tanto desde el Estado como desde el Gobierno Autonómico.
Ante esta manifestación, en la que participaron personas de diferente orientación política, incluídos simpatizantes y afiliados del PP, algunos dirigentes y medios vinculados con este partido, que ejerce el control politico en estos momentos en la práctica totalidad de la comarca, están intentando "tapar el sol con el dedo" o, lo que es lo mismo, tratar de marear la perdiz con datos y desempolvar el tema de la construcción de centros en estos años para intentar reconducir la imparable convicción social de que los servicios públicos están en una situación de riesgo que amenaza su calidad o, incluso su prestación misma. Unos servicios que son la garantía de que todos los ciudadanos, independientemente de sus posibilidades económicas, puedan tener la oportunidad de formarse, de sanarse o de ser defendidos ante la ley en un plano de igualdad con sus semejantes.
El sistema educativo valenciano ha sido y es uno de los que acumula un mayor fracaso escolar del estado. Los estándares de calidad educativa no se miden por el número de centros, algunos por cierto, construidos con retrasos que han llevado a los niños a 7 años de barracones en el caso del centro formativo Jérica-Viver, son otros los parámetros los que fundamentan el buen funcionamiento del sistema y esos, lamentablemente, no lo han hecho.
Hablar de productividad del profesorado es lamentable porque si lo que se quiere es que los jóvenes aprueben por el artículo 33 a los profesores les cuesta 5 minutos poner un sobresaliente global y a correr. La participación de la sociedad en el sistema educativo ha sido sesgada y manipulada por determinados cargos políticos de la comarca, a la historia reciente me remito. El PSPV dejó por resolver el mapa electoral en todo el País Valenciano y el PP tuvo que resolver un problema importante. Para ello el PP se dejó llevar por parámetros dificilmente defendibles. El peso de determinados cargos públicos locales que tampoco tenían ningún interés en imponer criterios racionales ni pedagógicos, sino populistas, determinó un mapa escolar comarcal muy mejorable y cuyo mala vertebración ha pesado como una losa en toda una generación de jóvenes.
Sirva esta reflexión para, en una época de ajustes y lamentablemente de recortes, seamos capaces al menos de reconocer los errores cometidos en otras épocas y ponernos a trabajar en el blindaje y la defensa de un sistema educativo público accesible, versatil, moderno, participativo y que proporcione a nuestros jóvenes la formación necesaria para afrontar un futuro laboral con garantías en los próximos años.
Ante esta manifestación, en la que participaron personas de diferente orientación política, incluídos simpatizantes y afiliados del PP, algunos dirigentes y medios vinculados con este partido, que ejerce el control politico en estos momentos en la práctica totalidad de la comarca, están intentando "tapar el sol con el dedo" o, lo que es lo mismo, tratar de marear la perdiz con datos y desempolvar el tema de la construcción de centros en estos años para intentar reconducir la imparable convicción social de que los servicios públicos están en una situación de riesgo que amenaza su calidad o, incluso su prestación misma. Unos servicios que son la garantía de que todos los ciudadanos, independientemente de sus posibilidades económicas, puedan tener la oportunidad de formarse, de sanarse o de ser defendidos ante la ley en un plano de igualdad con sus semejantes.
El sistema educativo valenciano ha sido y es uno de los que acumula un mayor fracaso escolar del estado. Los estándares de calidad educativa no se miden por el número de centros, algunos por cierto, construidos con retrasos que han llevado a los niños a 7 años de barracones en el caso del centro formativo Jérica-Viver, son otros los parámetros los que fundamentan el buen funcionamiento del sistema y esos, lamentablemente, no lo han hecho.
Hablar de productividad del profesorado es lamentable porque si lo que se quiere es que los jóvenes aprueben por el artículo 33 a los profesores les cuesta 5 minutos poner un sobresaliente global y a correr. La participación de la sociedad en el sistema educativo ha sido sesgada y manipulada por determinados cargos políticos de la comarca, a la historia reciente me remito. El PSPV dejó por resolver el mapa electoral en todo el País Valenciano y el PP tuvo que resolver un problema importante. Para ello el PP se dejó llevar por parámetros dificilmente defendibles. El peso de determinados cargos públicos locales que tampoco tenían ningún interés en imponer criterios racionales ni pedagógicos, sino populistas, determinó un mapa escolar comarcal muy mejorable y cuyo mala vertebración ha pesado como una losa en toda una generación de jóvenes.
Sirva esta reflexión para, en una época de ajustes y lamentablemente de recortes, seamos capaces al menos de reconocer los errores cometidos en otras épocas y ponernos a trabajar en el blindaje y la defensa de un sistema educativo público accesible, versatil, moderno, participativo y que proporcione a nuestros jóvenes la formación necesaria para afrontar un futuro laboral con garantías en los próximos años.
viernes, 27 de enero de 2012
El viaje a ninguna parte
El pasado domingo día 22 de enero, el presidente del patronato de la Cueva Santa y a la sazón cura párroco de Altura D. Juan Manuel Gallent, convocó a los Ayuntamientos de la comarca así como a los grupos políticos de Altura y demás vecinos y entidades de la localidad a un acto de presentación del proyecto director de mejora de la Cueva Santa y su entorno. El acto, al que no acudí, se llevó a cabo en la iglesia de Altura ante la presencia del Obispo de la diócesis. Sólo he coincidido en una ocasión con el Sr. Gallent, esta privamera con ocasión de una boda en la Cueva Santa, ocasión en la que me demostró ser una persona educada y atenta.
En estos momentos la situación de la comarca es francamente de urgencia. Los ayuntamientos de la zona se hallan en situación de quiebra técnica con una falta total de liquidez, acentuada por los impagos de la administración autonómica, en el caso de Jérica acumulan unos impagos de 220.000 € aproximadamente. Cada día que pasa se agudiza el tema de los recortes: farmacias arruinadas, colegios sin calefacción, servicios de mamografía o sintrón suprimidos en el centro sanitario de Segorbe, cierre del vivero de El Toro, reducción en vigilantes forestales, amortización de plazas de Sargento en el parque comarcal de Bomberos, etc..., la lista es extensa y afecta directamente a todos los ciudadanos de la comarca. Esta situación ha producido un efecto rebote en instituciones como la Mancomunidad en donde los trabajadores llevan muchos meses sin cobrar en una situación límite. Mientras tanto, la Diputación nombra 30 asesores de no sé sabe que, entre ellos el alcalde de Altura con un sueldo de 33.000 € al año o el de Higueras, 44.000. Todos los días un chófer pagado con el dinero de los castellonenses recoge al Sr. Barrachina para llevarle a la Diputación, mientras la entidad reduce en un 90% su aportación a las inversiones en obras provinciales. Por si esto fuera poco la situación particular de Altura es todavía más sangrante: los trabajadores arrastran impagos, la escuela de música está en situación límite con más de 18.000 € pendientes de pago a la U.M.C.A. por parte del Ayuntamiento, un dinero que se lo ha ganado la entidad a base de realizar actos para el consistorio, no hablemos ya de los cortes en el suminstro eléctrico en instalaciones y locales de titularidad municipal, el cierre de la oficina de turismo mientras el Alcalde de va a Fitur, las obras inconclusas de Tanatorio, Centro Juvenil, etc...
Tras este panorama, a nadie con un mínimo sentido de la realidad se le ocurre plantear un proyecto como el que nos ocupa. Sin entrar a valorar otros problemas, el horno no está para bollos, ni bollos ni margaritas ni tortas de colorao.
El Ayuntamiento de Altura (y todos los Ayuntamientos) tiene la obligación de defender cada uno de los euros que gasta. Hasta la fecha, que se sepa, todo el dinero gastado en el proyecto ha salido de las arcas municipales, sin embargo toda la iniciativa en el diseño y el concepto del mismo ha venido del presidente del patronato. Es razonable plantear la recuperación de la Hospedería y, además muy interesante porque no existen equipamientos de estas características en la zona. Es defendible mejorar las instalaciones "religiosas", para eso está el dinero que generosamente el Estado entrega a la Iglesia (que por cierto no han sufrido recortes) y con ello estoy diciendo que si quiere mi apoyo para lograr recursos del convenio Iglesia-Estado para la Cueva Santa, que cuente conmigo, siempre que sea para obras de mejora y consolidación de lo existente. Pero lo que no es ni razonable, ni defendible es presentar un proyecto faraónico, insostenible, exclusivamente religioso y agresivo con el medio natural recabando ayuda a las instituciones públicas axfisiadas económicamente y en un contexto de recortes en los servicios públicos generalizado. ¿Se ha ofrecido a las instituciones participar en la redacción y en la gestión futura del centro?. ¿Se ha abierto a los ciudadanos un proceso consultivo que pretenda recoger sugerencias e ideas?. Dada la cuantía económica del coste de la redacción del Proyecto y que se ha pagado con dinero público, ¿se ha sometido a concurso público su adjudicación?.
¿Muchas preguntas?. No, las justas. Mientras tanto, estemos atentos porque esto huele o bien a una falta total de perspectiva de la situación actual por parte del rector, o la posibilidad de que alguno de los grupos integristas emergentes en la Iglesia Católica, esté parapetada detrás del pastel. Al tiempo.
En estos momentos la situación de la comarca es francamente de urgencia. Los ayuntamientos de la zona se hallan en situación de quiebra técnica con una falta total de liquidez, acentuada por los impagos de la administración autonómica, en el caso de Jérica acumulan unos impagos de 220.000 € aproximadamente. Cada día que pasa se agudiza el tema de los recortes: farmacias arruinadas, colegios sin calefacción, servicios de mamografía o sintrón suprimidos en el centro sanitario de Segorbe, cierre del vivero de El Toro, reducción en vigilantes forestales, amortización de plazas de Sargento en el parque comarcal de Bomberos, etc..., la lista es extensa y afecta directamente a todos los ciudadanos de la comarca. Esta situación ha producido un efecto rebote en instituciones como la Mancomunidad en donde los trabajadores llevan muchos meses sin cobrar en una situación límite. Mientras tanto, la Diputación nombra 30 asesores de no sé sabe que, entre ellos el alcalde de Altura con un sueldo de 33.000 € al año o el de Higueras, 44.000. Todos los días un chófer pagado con el dinero de los castellonenses recoge al Sr. Barrachina para llevarle a la Diputación, mientras la entidad reduce en un 90% su aportación a las inversiones en obras provinciales. Por si esto fuera poco la situación particular de Altura es todavía más sangrante: los trabajadores arrastran impagos, la escuela de música está en situación límite con más de 18.000 € pendientes de pago a la U.M.C.A. por parte del Ayuntamiento, un dinero que se lo ha ganado la entidad a base de realizar actos para el consistorio, no hablemos ya de los cortes en el suminstro eléctrico en instalaciones y locales de titularidad municipal, el cierre de la oficina de turismo mientras el Alcalde de va a Fitur, las obras inconclusas de Tanatorio, Centro Juvenil, etc...
Tras este panorama, a nadie con un mínimo sentido de la realidad se le ocurre plantear un proyecto como el que nos ocupa. Sin entrar a valorar otros problemas, el horno no está para bollos, ni bollos ni margaritas ni tortas de colorao.
El Ayuntamiento de Altura (y todos los Ayuntamientos) tiene la obligación de defender cada uno de los euros que gasta. Hasta la fecha, que se sepa, todo el dinero gastado en el proyecto ha salido de las arcas municipales, sin embargo toda la iniciativa en el diseño y el concepto del mismo ha venido del presidente del patronato. Es razonable plantear la recuperación de la Hospedería y, además muy interesante porque no existen equipamientos de estas características en la zona. Es defendible mejorar las instalaciones "religiosas", para eso está el dinero que generosamente el Estado entrega a la Iglesia (que por cierto no han sufrido recortes) y con ello estoy diciendo que si quiere mi apoyo para lograr recursos del convenio Iglesia-Estado para la Cueva Santa, que cuente conmigo, siempre que sea para obras de mejora y consolidación de lo existente. Pero lo que no es ni razonable, ni defendible es presentar un proyecto faraónico, insostenible, exclusivamente religioso y agresivo con el medio natural recabando ayuda a las instituciones públicas axfisiadas económicamente y en un contexto de recortes en los servicios públicos generalizado. ¿Se ha ofrecido a las instituciones participar en la redacción y en la gestión futura del centro?. ¿Se ha abierto a los ciudadanos un proceso consultivo que pretenda recoger sugerencias e ideas?. Dada la cuantía económica del coste de la redacción del Proyecto y que se ha pagado con dinero público, ¿se ha sometido a concurso público su adjudicación?.
¿Muchas preguntas?. No, las justas. Mientras tanto, estemos atentos porque esto huele o bien a una falta total de perspectiva de la situación actual por parte del rector, o la posibilidad de que alguno de los grupos integristas emergentes en la Iglesia Católica, esté parapetada detrás del pastel. Al tiempo.
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